La ONU cree que China pudo cometer crímenes contra la humanidad
● Asegura que los uigures sufrieron detenciones arbitrarias masivas y otros abusos
La ONU aseguró este jueves que, tras una larga investigación independiente, ha concluido que China pudo cometer crímenes contra la humanidad contra los uigures y otras minorías étnicas musulmanas, al aplicar políticas que han implicado su detención arbitraria masiva y otros graves abusos en su contra.
En un histórica toma de posición frente a China, que fue difundida minutos antes de la medianoche (hora local) en que acababa el mandato de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, su organismo ha confirmado que la legislación antiterrorista provocó la “privación de la libertad a gran escala” de esas minorías, al menos entre 2017 y 2019.
Desde entonces el patrón parece haber variado y los centros de internamiento –denominados por el Gobierno “centros de educación vocacional”– se han reducido en tamaño y número, pero las detenciones siguen ocurriendo mediante procesos penales que dan lugar al encarcelamiento sobre todo de uigures.
Para ello, el Gobierno chino sigue utilizando el mismo argumento: la lucha contra el terrorismo y el extremismo, con el que desde hace décadas la política oficial identifica a las minorías musulmanas asentadas en Xinjiang, una de las cinco regiones autónomas de China, de gran extensión territorial y que es su acceso a Asia central.
La Alta Comisaría para los Derechos Humanos sostiene que considera creíbles las denuncias de que en los centros de internamiento se practicaban torturas, que en algunos casos incluían tratamientos médicos forzados, aunque reconoce que no puede sacar conclusiones definitivas sobre la amplitud de estos abusos.
La actitud del Gobierno central hacia los uigures se ha fundamentado en su percepción de que son una amenaza, lo que ha llevado a que se les restrinjan sus libertades y derechos, entre ellos a la libertad de religión, de expresión, de movimiento y a la privacidad.
Incluso “hay graves indicios de violaciones de los derechos reproductivos a través de la aplicación forzada de programas de planificación familiar y de control de nacimientos”.
Las políticas de Pekín contra ésta y otras minorías –como los kazajos– también incluye la separación de familias y la interrupción de los contactos con otras personas.
Pese a las dificultades y a que China no autorizó a los expertos de derechos humanos de la ONU visitar la región para recabar información directamente, la oficina de Bachelet pudo entrevistar a personas que estuvieron detenidas en los centros de internamiento y que explican que su calvario empezó con una detención inicial en una comisaria.
Allí muchos contaron haber sido interrogados antes de ser enviados a los centros de internamiento, sin haber tenido acceso a una defensa legal o modo de oponerse a su traslado.
“Ninguno de los entrevistados dijo que pudo salir de las instalaciones o visitar su hogar”, con tiempos de confinamiento que variaban de dos hasta 18 meses. En ningún caso se les informó cuanto tiempo permanecerían en esos lugares, que eran vigilados por personal armado.