Los últimos mohicanos de los ERE
● La agonía de la Audiencia de Sevilla por las macrocausas con las jubilaciones voluntarias y los traslados a otros destinos dejan mermado el tribunal que condenó a Chaves y Griñán
HACE casi diez años, antes de enviar el caso de los ERE al Tribunal Supremo, la juez Mercedes Alaya se refirió en un auto al ingente trabajo que habían desarrollado en esta macrocausa “unos pocos incansables”, en alusión a su propia labor y a la de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Una década después y tras la ratificación de la condena a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la “pieza política”, el caso de los ERE está amortizado política y judicialmente, podría decirse, a pesar de que todavía queda por delante la celebración de más de un centenar de juicios derivados de cada una de las piezas en las que, a pesar de la oposición de Alaya, se dividió el macroproceso.
De aquella mediática e incombustible juez, cuyas tesis han triunfado en el Supremo, se ha pasado a un escenario en el que ya no se puede decir que haya incansables de los ERE, sino todo lo contrario. Esta macrocausa –y las otras que se instruyen como la de los cursos de formación, Invercaria o los avales de la agencia
IDEA– se han convertido en un insoportable lastre para unas secciones penales de la Audiencia de Sevilla –en la que está destinada también Alaya– que están sufriendo una lenta agonía, con una diáspora de jueces a través de jubilaciones voluntarias anticipadas y traslados a otros destinos judiciales, incluidos órganos unipersonales, ante el colapso de estas Salas, que también está provocando bajas de los jueces por motivos de salud y debido al estrés por el exceso de trabajo.
La situación es de tal magnitud que basta poner un ejemplo para comprenderlo. Cuando ni siquiera han pasado tres años desde que la Audiencia condenó a Chaves y Griñán, el tribunal que dictó esa sentencia ha quedado prácticamente desmantelado. De los tres jueces que conformaban la Sala de la Sección Primera, el presidente del tribunal y ponente de la sentencia, Juan Antonio
Del tribunal que condenó a Griñán ya sólo queda la veterana juez Pilar Llorente
Calle Peña, se jubiló anticipadamente a finales del año pasado. Otra de las magistradas que formó parte de este tribunal, Encarnación Gómez Caselles, se marchará en las próximas semanas a la Audiencia de Alicante, tras haber solicitado su traslado a este nuevo destino. Encarnación Gómez había sido designada como ponente en el juicio por las ayudas concedidas al “chófer de la coca”, que se suspendió el pasado viernes por la renuncia de uno de los abogados.
De aquel tribunal que dictó el histórico fallo, que supuso el peor epílogo para los gobiernos socialistas en la comunidad andaluza, ya sólo queda la veterana magistrada Pilar Llorente. Como único miembro que quedará de aquella Sala, lo más probable es que esta juez tenga que encabezar todo lo relacionado con la fase de ejecución de la condena de los ex presidentes Chaves y Griñán, una vez que el Tribunal Supremo haga pública la sentencia y el voto particular que han realizado dos magistradas del Alto Tribunal.
Pilar Llorente y la nueva sala que se conforme con otros dos magistrados de la Sección Primera tendrá que decidir sobre la suspensión del ingreso en prisión de Griñán, tras haber solicitado ya formalmente la familia del ex presidente el indulto parcial y por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que presentarán tanto el ex presidente como los otros ochos ex altos cargos que han sido condenados a penas de prisión por el delito de malversación de caudales públicos.
A nadie se le escapa que vienen tiempos complicados para la Audiencia de Sevilla, que seguirá hipotecada por los juicios derivados de las macrocausas durante aproximadamente otra década, lo que hace que en la actualidad no sea un destino favorito.
Desde el año 2019 se han jubilado ya anticipadamente cuatro magistrados de la Audiencia –de los cuales varios han emprendido nuevas andaduras en bufetes privados–. Además de Juan Antonio Calle Peña, se han marchado anticipadamente María Auxiliadora Echávarri –que fue conocida por la instrucción del caso Arny–, y los magistrados Juan Romeo y Carlos Lledó González, este último a finales de julio pasado y quien en una reciente entrevista con este periódico afirmó que el colapso de la Audiencia hispalense es la “crónica de una muerte anunciada” desde hace bastantes años.
Y el próximo día 20 de este mes también se jubila anticipadamente la magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia Esperanza Jiménez Mantecón, tras más de 34 años de servicio.
Los jueces que van quedando y los que tienen el valor de solicitar estos destinos se van a convertir en
o de las macrocausas de corrupción en general, unos macroprocesos que, como decía al principio, parece que están amortizadas y van perdiendo el interés de la opinión pública y de los medios de comunicación. Hasta hay abogados que han preferido cambiar las macrocausas por un cargo en la nueva Junta de Andalucía, tras la mayoría absoluta de Juanma Moreno.
Parafraseando a Mercedes Alaya, tras una década de macrocausas, estos procesos están quedando para unos entre los que se encuentran precisamente jueces, fiscales de Anticorrupción y algunos abogados. Y es algo también en cierto modo lógico, porque aunque la Justicia sea lenta, y las macrocausas todavía más, pueden socavar la moral del más
Este mes se jubila anticipadamente otra magistrada, la quinta desde el año 2019
EN una sociedad en la que miramos con lupa los pensamientos, opiniones y acciones de las personas que nos rodean a la hora de entablar relaciones, esta actitud de continua observancia no ha dejado indiferente al paradigma empresarial.
Y es que el afán personificador de las organizaciones, ha dejado muy atrás la idea de que la persona jurídica es una ficción, haciendo sin embargo que la persona jurídica sea más persona que nunca. Y como persona que es, a la hora de entablar relaciones con otras, como cliente, proveedor, empleado o accionista y al igual que ocurre en nuestras relaciones como personas físicas, buscamos que la compañía tenga unos principios, valores y moral propia.
Una ética con la que nos sintamos identificados y conforme a la que sepamos que actúa, o lo que es lo mismo, que tenga implantado un sistema de Compliance, que recoja no solo el ADN de la empresa en lo que a valores y principios respecta, sino también sistemas de gestión, políticas y procedimientos que controlen que la empresa actúa en la línea de todo aquello que abandera, es decir, en línea con todos los valores que nacen en el Consejo y son promovidos por el mismo.
¿Es entonces un beneficio solo para aquellos que quieran entablar una relación con la empresa? De ninguna manera, de hecho, me gusta hablar de la implantación del Compliance como una estrategia (ganar para ganar para ganar). Lejos de que esta denominación pueda parecer un error por su similitud con el
(ganar para ganar) propio de las negociaciones, con el Compliance no ganan solo dos, ganan tres.
Gana la compañía, que gracias a su sistema de Compliance: minimiza riesgos internos; obtiene información más precisa en su control a los departamentos; toma decisiones más acertadas; mejora su reputación e imagen, aumentando así el valor de la compañía; logra ventaja competitiva en su sector y se hace más sostenible en el largo plazo.
Ganan quienes se relacionan con la empresa que tiene Compliance (grupos de interés). Éstos actúan con la tranquilidad de estar colaborando con una organización que se mueve en un escenario de cumplimiento y de buen gobierno corporativo. Se controlan y minimizan así, los riesgos inherentes a la colaboración y se asientan relaciones más duraderas y seguras.
Y finalmente, gana el mercado, como espectador de las actuaciones de empresas cada vez más comprometidas, éticas y transparentes, que devuelven a las personas la confianza en las organizaciones y disminuyen la incertidumbre en las transacciones comerciales.
Es preciso por tanto que dejemos de ver el Compliance como una obligación legal o un chaleco antibalas que se pone la persona jurídica ante la comisión de un delito en su seno, para darle el sitio que merece y entenderlo como la personalidad y el carácter que definen a las personas jurídicas y que van a determinar el entorno que las rodea. Solo así seremos verdaderos conocedores e incluso partícipes de las bondades del Compliance.
Beneficios Con el sistema Compliance gana la compañía, sus grupos de interés y el propio mercado