Trabajo contra reloj para evitar una crisis que afecte al Constitucional
● La amenaza de varios vocales de torpedear la renovación del tribunal de garantías coloca al CGPJ en una situación límite
La amenaza de un grupo de vocales conservadores del CGPJ de torpedear la renovación del Constitucional coloca al Poder Judicial al borde de una nueva crisis institucional, que salpica ya personalmente a su presidente Carlos Lesmes, mientras se trabaja a contrarreloj por alcanzar un consenso para evitarlo.
Todo ello, en la víspera del acto de apertura del año judicial más tenso que se recuerda, que el rey Felipe VI presidirá ante la alta magistratura, que en los últimos días asiste atónita al último episodio que amaga con enquistar, más de lo que está ya, la situación institucional de la Justicia en España.
A la insólita situación en el CGPJ, que avanza hacia su cuarto año en funciones, se suma a la ecuación la renovación de cuatro magistrados del Constitucional, dos por parte del Gobierno y dos por el Consejo, donde un grupo de vocales conservadores maniobran para dificultar o boicotear, según fuentes consultadas por Efe, el nombramiento de los dos magistrados en el pleno del próximo mañana que se ha consagrado exclusivamente a desatascar esta situación.
Sobre el terreno, Lesmes trabaja a contrarreloj para alcanzar un consenso en el seno del Consejo aunque no tanto con la idea de lograrlo en este pleno extraordinario, sino antes del 13 de septiembre, que es cuando vence el plazo fijado por la ley. Los vocales del Consejo afirman que los contactos y reuniones son diarios.
En la magistratura reina el pesimismo por mucho que Lesmes asegurase el lunes que “sobran magistrados” del Supremo que quieran ir al Constitucional, saliendo al paso de las informaciones que sacan a la luz los supuestos problemas para encontrar a un magistrado conservador que se postule para el tribunal de garantías que, una vez culmine esta renovación, tendrá una mayoría progresista.
Lesmes tiene razón a medias, porque magistrados dispuestos a ir al Supremo hay, pero no tantos de perfil conservador, reconoce un antiguo magistrado del tribunal, que admite que antes ir al Constitucional era la culminación de la carrera de todo magistrado en el Supremo.
Las mayorías van cambiar, de ahí que algunos piensen que vayan a acabar en la irrelevancia en caso de ir al tribunal de garantías, añade esta fuente que dice a que las opciones conservadoras se están agotando.
No lo ven así desde el Consejo. Vocales afirman que “sobran magistrados de un lado y del otro” y rechazan de plano que se produzca una vendetta para boicotear los nombramientos. “Estamos vinculados por la ley y un vocal no puede decir que no hace nombramientos”, señalan.
Estos vocales alertan de la “toxicidad” de los últimos días para enrarecer el ambiente ya que la designación de los magistrados “es una obligación legal a cumplir”. “Una cosa es que haya más o menos consenso, eso entra dentro de la discrecionalidad, otra bien distinta es lanzar un órdago”, dicen.
El último movimiento salpica a Lesmes, que este lunes dijo públicamente que no quiere ocupar una de las plazas vacantes en el Constitucional, hasta el punto de asegurar que esa es su aspiración “miente interesadamente”.
Mientras, desde el Gobierno son cautos en cuanto a los escenarios futuros y no desvelan qué camino tomarán en caso de que el CGPJ no nombre a sus dos magistrados antes del 13. Fuentes próximas confían en que se alcance un consenso, si bien tampoco se sorprenderían en caso de un incumplimiento de la norma, habida cuenta del bloqueo permanente en el CGPJ.