La Fiscalía pide proteger a las víctimas para que su testimonio no sea una carga
Sánchez Conde incide en la necesidad de incluir herramientas para evitar incomparecencias
La Fiscalía General del Estado se ha comprometido a ofrecer a las víctimas de violencia machista, delitos de odio y trata herramientas para facilitar su testimonio “imprescindible” en cualquier fase del procedimiento, para evitar incomparecencias o la revictimización en el juicio.
“No son las víctimas las que se tienen que adaptar al proceso o a la Justicia: somos nosotros quienes debemos adaptarnos a ellas y a sus necesidades”, dijo ayer la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, durante el discurso en el acto de apertura del año judicial en el que sustituyó al fiscal general, Álvaro García Ortiz, tras su positivo por Covid.
La Fiscalía considera que “su testimonio –en muchas ocasiones imprescindible para la persecución del delito– no debe significar una carga, un elemento violento o desgarrador”, por lo que se compromete a “explorar todos los aspectos posibles de protección para proporcionar a los fiscales una herramienta jurídica integral” poniendo a la institución al servicio del legislador para tal fin.
Con ello se pretende, principalmente, evitar la victimización secundaria mediante mecanismos, como otorgar a su testimonio en cualquier fase del procedimiento el valor de prueba preconstituida, y hace hincapié en tres ámbitos: violencia de género, víctimas de trata y delitos de odio.
Como sus antecesores, en su discurso no olvidó pedir una mayor autonomía del Ministerio Fiscal a nivel presupuestario, organizativo, normativo y formativo que pasa por una “reforma estatutaria”, al tiempo que reiteró que desde la Fiscalía son “plenamente capaces de asumir la investigación criminal en las mejores condiciones”, lo que implica el cambio del proceso penal pasando del juez de instrucción al fiscal investigador.
La número dos de la Fiscalía ha desgranado en su discurso los principales hitos de la Memoria relativa a 2021.
La Fiscalía abrió 151 procedimientos por terrorismo en 2021, según la este documento, que advierte de la “gran divergencia” que existe en los tribunales a la hora de juzgar los delitos de enaltecimiento. Así, mientras en casos de enaltecimiento yihadista la condena “no resulta en exceso complicada”, en los casos de ETA o el Grapo las exigencias jurisprudenciales lo han convertido en un delito “de casi imposible condena”.