UNA BRECHA EN EL CASO ERE
LA sentencia del Tribunal Supremo sobre la pieza política del caso ERE es una verdad judicial, más que parecida, casi calcada, a la que en su día apreciaron la sala de la Audiencia de Sevilla que los juzgó y la jueza de instrucción que los investigó, pero una brecha se ha abierto en esta sólida conclusión que considera probado que varios gobiernos socialistas de la Junta idearon, entre el año 2000 y 2009, un sistema ilegal de concesión de ayudas sociolaborales que derivó, además, en un gasto descontrolado de dinero público. La brecha no anula la sentencia, contrastada entre varios tribunales mediante la casación, pero abre una duda más que razonable sobre las responsabilidades penales que adjudica a cada uno de los condenados.
El voto particular que las magistradas Susana Pardo y Ana Ferrer defiende, precisamente, lo que algunos venían argumentando desde el inicio, que no hay ninguna prueba, ni documental ni sonora ni factual, que demuestre que cometieron el delito de malversación de fondos públicos. Son “meras especulaciones”, un “salto al vacío” deductivo, un ejercicio de inferencia por el que se supone que, siendo quienes eran, teniendo los cargos que tenían, eran partícipes no ya de la existencia del sistema, sino de la concesión final de estas
La brecha no anula la sentencia, pero abre la duda sobre la responsabilidad penal de cada uno de los condenados
ayudas. De su adjudicación y el gasto, que son los ejes que definen esta malversación más allá del juego de deducciones sobre el poder y las jerarquías políticas.
Otros tres jueces, que son mayoría, han opinado lo contrario, pero ambas magistradas abren una duda que llevará la pieza al Tribunal Constitucional.
Aquellos ex altos cargos que no estuvieron en la Consejería de Empleo, como el ex presidente José Antonio Griñán o la ex consejera Carmen Martínez Aguayo, han visto reconocido, por primera vez, aunque de un modo parcial, lo que sostienen desde hace años, que es un razonamiento similar al del ex interventor general de la Junta, absuelto ya en su día por la Audiencia Provincial de Sevilla.
Es más que posible que el recurso de amparo ante el Constitucional, al que recurrirán todos los condenados –también los de la Consejería de Empleo–, no detenga la entrada en prisión, porque tardará en admitirlo y porque esta aceptación no lleva, necesariamente, a la suspensión de la ejecución de las penas. Esto va a depender de la premura con el que la Audiencia de Sevilla quiera abrir la puerta de prisión.