El CGPJ se reunirá el miércoles para estudiar los candidatos al Constitucional
● Sobre la mesa están los nombres de Pablo Lucas o María Luisa Segoviano ● Progresistas y conservadores acuerdan seleccionar a los aspirantes entre los magistrados del Supremo
Los interlocutores de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) iniciaron ayer las negociaciones destinadas a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde, acordando volver a verse el día 21 para analizar ya candidatos concretos, como el juez del CNI, Pablo Lucas, o la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), María Luisa Segoviano.
Durante este primer contacto oficioso, los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart –interlocutores del lado conservador– y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach –del ala progresista– llegaron a un puñado de acuerdos para adentrarse definitivamente en las negociaciones, según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press.
Así, pactaron que estos dos magistrados del TC se nombren por una “amplia mayoría” y que su selección se haga entre los jueces que actualmente desempeñan sus funciones en el Tribunal Supremo tras una “minuciosa evaluación” de sus currículos.
Para ello, decidieron volver a reunirse el próximo miércoles a las 09:30. El sector progresista se comprometieron a llevar a esta segunda cita una lista de nueve candidatos, si bien desde el bloque conservador de momento rehusaron llegar a un compromiso similar, de acuerdo con las citadas fuentes.
Los negociadores progresistas dieron a conocer ya esos nueve nombres, entre los que destacan Pablo Lucas, el juez encargado de controlar las actuaciones del CNI; María Luisa Segoviano, la primera mujer en presidir una sala del Alto Tribunal; y su homólogo de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga.
Llama la atención que la mayoría de los magistrados del Supremo que se postularon desde el bloque progresista pertenecen a la Sala de lo Contencioso-administrativo, ya que junto a la de lo Social es una de las más afectadas por las vacantes sin cubrir.
Así, completan esta primera lista José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Isabel Perelló y Ángeles Huet. Cabe recordar que Huet fue una de los tres magistrados de la Sección Quinta de lo Contencioso-administrativo que votaron en contra de admitir a trámite los recursos
presentados por PP, Vox y Cs –entre otros– contra los indultos a los condenados por el
Tras este y otros cambios en dicha sección, las impugnaciones acabaron admitiéndose.
A estos siete postulantes se suman la magistrada de la Sala de lo Social Rosa María Viroles y el magistrado jubilado Rafael Fernández Valverde, que formó parte de la Sala de lo Contencioso-administrativo y del actual CGPJ.
Ballestero y Llombart también pusieron sobre la mesa otras propuestas que fueron rechazadas por la otra parte, entre ellas, que
a la hora de cribar candidatos, se tuviera en cuenta la situación en la que se dejaría a sus tribunales de origen si resultaran elegidos para el TC.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces preguntadas antes de la reunión de ayer indicaban en este sentido que debía tenerse presente la precaria situación del Supremo. Hasta ahora, ha sido habitual que los magistrados del Constitucional se seleccionaran de entre sus colegas del TS, pero actualmente varias salas del Supremo se encuentran al límite de sus fuerzas debido a
las vacantes que se han ido produciendo sin cubrirse.
El presidente del CGPJ y del TS, Carlos Lesmes, detalló, durante la apertura del año judicial, que ahora mismo hay 14 vacantes sin cubrir y que en los próximos meses serán 20, lo que representa el 25% de sus efectivos, a lo que añadió que “el 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar”.
La razón de que los magistrados del TS no se hayan ido reemplazando es la reforma legal impulsada por el Gobierno que desde marzo de 2021 prohíbe a un CGPJ en funciones –como el actual– realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.
No obstante, es preciso apostillar que, aunque los nueve candidatos lanzados por los vocales progresistas son magistrados del TS, en el caso de Segoviano debe abandonar su puesto el próximo 20 de octubre, por jubilación, y en el de Fernández Valverde ya está retirado, por lo que su designación causaría menos daño al TS.
A pesar de que se ha fijado el próximo miércoles para un segundo encuentro, las partes han abierto la puerta a que se prolongue hasta el día siguiente, lo que hace augurar una negociación larga.
De acuerdo con el bloque progresista, Ballestero y Llombart han abogado por contar con “el mayor de los márgenes temporales posibles”, alegando que ningún magistrado del Supremo les ha trasladado su deseo de ir al Constitucional, motivo por el cual se habrían presentado sin candidatos a la videoconferencia de ayer.
Por contra, los interlocutores progresistas sostienen que los nueve aspirantes mencionados sí les han trasladado su disposición a ser tenidos en cuenta.