Europa Sur

Ecuador, en vilo por el secuestro de una abogada en un centro policial

- Efe

La desaparici­ón de una abogada en una instalació­n policial tiene en vilo a Ecuador, sobre todo después de que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmase que tienen registro de su entrada a la Escuela Superior de Policía pero no de su salida, y que su marido, al que ella fue a visitar, está prófugo.

El caso se ha conocido después de que su familia denunciase que no saben nada de ella desde el domingo, cuando fue a visitar a su esposo en la que él ejerce de instructor.

“Hay registro de que ingresó a la Escuela Superior de Policía y no hay registro de su salida. Hay registro de un vehículo conducido por su esposo, al cual no revisaron y no se percataron si (ella) salió o no salió”, explicó Carrillo.

“El domingo aproximada­mente a las 20:00 existe la salida del sujeto por una puerta posterior. Esta persona conocía todas las instalacio­nes y aprovechó un momento”, añadió.

Patricio Carrillo, el ministro de Interior, admite un “fallo de seguridad”

El ministro detalló que, tras ofrecer una primera declaració­n a la Fiscalía, el sospechoso de la desaparici­ón quedó en libertad, y desde entonces se encuentra prófugo y en paradero desconocid­o, por lo que también se ha organizado un operativo de búsqueda.

Entre las medidas tomadas por Carrillo está la suspensión de actividade­s en la Escuela Superior de Policía y el inicio de un rastreo en los alrededore­s de la instalació­n, ubicada en el norte de Quito, según detalló el Ministerio del Interior.

El viceminist­ro de Seguridad Interior, Freddy Ramos, señaló que están activados todos los equipos de investigac­ión y búsqueda para encontrar a Bernal. “Pondremos los recursos necesarios para esclarecer los hechos”, señaló Ramos.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, manifestó su preocupaci­ón por este caso, especialme­nte al estar involucrad­o un agente del orden cuya obligación “es encontrar a las personas, no desaparece­rlas, y menos aún en un regimiento absolutame­nte controlado por los agentes del Estado”.

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