Fiscalización al negocio de los repartidores, que mueve 3.000 millones de euros al año

Glovo, la plataforma de reparto a domicilio que se opuso a la norma que acaba con los repartidores autónomos ha sido castigada por desobediencia; son las condiciones laborales de los repartidores el foco legal de un negocio que mueve casi 3.000 millones de euros al año.

Es la cifra que según datos de The NPD Group se han gastado los españoles (2.990 millones de euros, exactamente) en pedir comida de restaurantes a domicilio (no incluye el gasto en pedidos a supermercados), desde que en agosto del pasado año entrara en vigor la nueva ley, que obliga a las empresas de reparto a contratar como asalariados a sus riders para acabar con los “falsos autónomos”.

Las empresas que llevan a casa estos repartos son plataformas digitales que se benefician de la capacidad de expansión que proporciona este entorno, un fenómeno de economía colaborativa y comercio electrónico de rápido desarrollo que en muchos casos no encuentra encaje en la legislación.

Se trata de servicios profesionales bajo demanda que suelen ser acusados de competir deslealmente con el comercio tradicional, ya que sus compañías pagan pocos impuestos, y en el ámbito laboral las condiciones de los trabajadores están muy cuestionadas.

La ley es en realidad una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores que entró en vigor

en agosto de 2021 y que recoge la “presunción de laboralidad” en el ámbito de las plataformas digitales de reparto.

Esto significa que la normativa entiende que los repartidores autónomos, como personas que prestan servicios retribuidos a una empresa bajo control y subordinación de la misma, son en realidad personal con relación laboral con esa corporación.

Un año después de su entrada en vigor, la última estimación de empleo de la patronal Adigital cifra en 29.300 los repartidores que habrían pasado de autónomos a asalariados.