EL DEBATE TERRITORIAL
EL primer impacto del anuncio de una nueva bajada de impuestos es que Andalucía está en las portadas de todos los periódicos. Desactivada la permanente amenaza del terrorismo en el País Vasco y agotado el fariseo argumentario independentista en Cataluña, el debate territorial entra en una extraña fase letargo a la que cuesta adaptarse por falta de costumbre. No estábamos preparados para la navegación en calma por el “estado de las autonomías” y la iniciativa andaluza no ha tardado en provocar reacciones inesperadas y desatinadas, como la del ministro Escrivá y otros miembros del Gobierno, que probablemente terminen trasladándose a la discusión interna de los partidos.
La dimensión política del melón abierto por Moreno Bonilla excede ampliamente a la técnica, que obviamente también existe, pero más limitada. La primera reacción, todavía con algunos con el paso cambiado, ha sido enturbiar el ambiente y ganar tiempo para construir un discurso de réplica al PP, que parte con la ventaja de llegar con el suyo preparado. Ni la indignación fingida por competencia desleal, ni la demagogia alarmista sobre el sobre decaimiento de las políticas sociales ni otras reacciones similares merecen más tiempo de reflexión, porque la cuestión de fondo planteada, si se permite que la polémica prospere, puede ser de largo recorrido: la competencia fiscal entre comunidades.
Que las comunidades autónomas compiten entre sí es, a estas alturas, una realidad indiscutible y también que hasta ahora se ha tratado de una competencia en condiciones desiguales y, por tanto, inaceptable por adulterada. Se puede estar a favor o en contra de la competencia entre territorios y de si el espacio fiscal debe formar parte de ella, pero la autonomía política que la Constitución otorga a las comunidades contempla la posibilidad de que deban convivir modelos político-administrativo diferentes. La autonomía política exige, a su vez, autonomía financiera y capacidad normativa, es decir, un cierto margen de maniobra, que permitan la viabilidad de propuestas políticas alternativas, aunque también un marco de coordinación básico que defina las reglas de juego que siempre han de respetarse.
El gran fallo del modelo autonómico español es el de permitir la competencia entre autonomías con reglas de juego cargadas de excepciones que favorecen a unos jugadores en detrimento de otros. Cuando el resto de comunidades adopte medidas fiscales similares a las andaluzas, cosa que no tardará en ocurrir, el debate podría entrar en una dinámica más pretenciosa que un simple acuerdo para un nuevo modelo de financiación autonómica. El reconocimiento de un escenario de competencia entre autonomías que incluya el espacio fiscal es sencillamente incompatible con las excepciones ventajosas en las reglas de juego, como las que disfrutan País Vasco y Navarra y pretende Cataluña.
Por primera vez desde el referéndum del 20 de octubre de 1981, y con permiso de Madrid, cuya postura nace de la suficiencia financiera que le otorga su condición de capital, Andalucía está en condiciones de liderar un debate que interesa al resto de comunidades, con independencia del color político de su Gobierno.