SÁNCHEZ CONTRA MORENO
ERA inevitable. Vienen las elecciones decisivas de este tiempo, que son las de 2023 (municipales, autonómicas y generales) y los contendientes reactivan sus ofertas fiscales: el PP bajaría los impuestos para fomentar la actividad económica y el PSOE crearía uno nuevo para mantener el Estado del Bienestar e imponer solidaridad a los ricos. Película en sesión continua.
Andalucía aspira a constituirse en la comunidad autónoma con menos presión fiscal de España después de Madrid y se carga el impuesto sobre el patrimonio, con rejón expreso al catalanismo, pero ni Castilla y León, ni Galicia ni Murcia le siguen en su aventura. Y el PSOE improvisa un impuesto sobre las grandes fortunas (para mí que Sánchez se lo ordenó a Montero desde Nueva York), que no sustituye al de patrimonio, sino que se le añade. Para que se visualice mejor la jugada: el PP de Núñez Feijóo quita impuestos a los ricos y el PSOE se los aumenta. El malo y el bueno.
No importa que haya que inventar el relato del trabajo discreto y en silencio del equipo de la ministra de Hacienda durante semanas –lo único que han decidido es que será temporal, no permanente–, ni que el PSOE vuelva a apropiarse de una iniciativa de Unidas Podemos meses después de rechazarla expresamente. ¿O acaso no había
El improvisado impuesto a las grandes fortunas es más simbólico que sustancial: se trata de vincular PP con ricos
inflación ni guerra ni crisis energética en la pasada primavera? Antes no tocaba tocar a las grandes fortunas, ahora toca reducirlas un poco para evidenciar la diferencia con el PP. Ya no basta con mantener en los territorios gobernados por socialistas y afines aquel impuesto sobre el patrimonio que, por cierto, repuso Rajoy después de que lo quitase Zapatero justo en el momento histórico en el que descubrió que bajar los impuestos era de izquierdas.
El tributo precipitado sobre las grandes fortunas ha devenido inevitable. Por una parte, tiene un carácter puramente simbólico, y no sustancial, en la lucha de Pedro Sánchez a favor de la clase media trabajadora y contra los ricos insolidarios y sus servidores del PP. Por otra, no hay alternativas a esta opción. Mejorar la Administración tributaria para reducir el enorme fraude fiscal, que sería mejor solución que subir los impuestos, es demasiado complicado, según demuestra la historia de la España contemporánea. Y centralizar algunos impuestos, en plan ministro Escrivá, directamente imposible: ni ERC, ni Junts, ni Podemos, ni PNV, ni Bildu se lo permitirían. Caso cerrado. A por los ricos.