La UE revisará nuevas medidas
El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han acordado el envío a Bruselas de un documento que incluye la adopción de políticas urgentes para evitar que sancione con multas millonarias al Reino de España. Bajo la presión del Ejecutivo comunitario, más afecto al medio ambiente, las dos administraciones españolas ha propuesto una veintena de medidas, según adelanto El País. La Junta de Andalucía centra su acción en la creación de un grupo de trabajo científico que tendrá como objeto aclarar los efectos que sobre la ecología de Doñana tiene la galopante escasez de agua superficial y
están las siestas en el carrizo; los edificios financiados por la Unión Europea, aparentemente abandonados después de la inauguración. Y el Centro de Visitantes José Antonio Valverde está vacío de turistas y desolado por la falta de vida. “¿La sequía?”, dice un vecino para mencionar la única explicación que aportan las administraciones a la hora de valorar la escasez de agua. “Dale con la sequía... Pero si han destruido los cauces con los depósitos estivales del agua”, dice David.
“Las venas y arterias que irrigan la vida de Doñana están siendo destruidos y las Administraciones ni se inmutan”, se queja David, que es un vecino de Villamanrique y que no alcanza a comprender cómo puede ser que sea el Estado el que infrinja la ley. Los vecinos se alborotan. Señalan subterránea en la zona, al igual que un estudio para constatar las consecuencias de las extracciones de agua —legales e ilegales— a los hábitats protegidos. El PP, partido del Gobierno de la Junta, ha reiniciado en el Parlamento andaluz el proyecto legislativo que frustró el adelanto de las elecciones andaluzas. Entre las acciones que ha asegurado el Gobierno central acometerá en torno a la escasez hídrica en Doñana, figuran la transferencia de aguas superficiales desde la cuenca de los ríos Tinto y Odiel al del Guadalquivir, la nueva depuradora de Matalascaña, donde se cerrarán dos sondeos.
una posible balsa para de un kilómetro. “Para el cultivo sí, pero nada para el parque”, refiere David, que nombra el Real Decreto-ley de 1999. Las 300.000 hectáreas de las marismas del Guadalquivir han sido destruidas, explican los vecinos de la comarca, las 25.000 hectáreas del Parque Nacional mueren por la destrucción y ocupación del agua y los cauces, unido a la colmatación y envenenamiento por los pesticidas. Y el agua que debía entrar a las marismas se destina a docenas de balsas para el riego... resume la gente de la comarca.
El decreto ley fue aprobado hace la friolera de 23 años. Desde entonces, desde hace más de dos décadas, las espátulas y los martinetes no pueden hacer sino esperar silbando a que se cumpla la ley.