La guerra fiscal se extiende
CUANDO un Gobierno baja los impuestos pueden ocurrir dos cosas: que la decisión sea trascendente respecto a la recaudación o que sea inocua. Si estamos ante el primer caso la rebaja puede convertirse en una temeridad y terminar afectando a los servicios sociales; si estamos en la segunda hipótesis suele ser un acto de propaganda efectista más que una medida efectiva. En ese caso suele formar parte de un ideológico y una posición política. Posiblemente uno de los factores que incidieron en el cambio de Gobierno en Andalucía es el deseo de muchos votantes de emular a Madrid. Muchos consideran a Madrid un templo del liberalismo, el paraíso de la competitividad, donde las leyes del mercado y la libertad con mayúscula forjan una tierra próspera e incandescentemente libre y próspera, no como otros.
En cambio, se profundiza menos en las causas que permiten a Madrid tomarse ciertas anchuras fiscales difíciles para otras comunidades. Por ejemplo, resulta insoslayable que en Madrid está la sede del 45% de las mil empresas más importantes de España, así como que allí se conceden el 70% de los contratos públicos. No se trata sólo del efecto fiscal directo, sino de la acumulación de renta que genera ingresos extraordinarios a la capital de España, que concentra el 19% de la riqueza neta de todo el país. En la eliminación del impuesto de patrimonio en Andalucía hay, posiblemente, un poco de todo lo anterior. Es la apertura del juego: las regiones más pobres quieren jugar al mismo juego de las ricas, aunque el punto de partida sea muy diferente. Es la guerra fiscal, aunque en puridad la comenzó el Madrid de Esperanza Aguirre y las comunidades forales, siempre sobrefinanciadas.
CARA Y CRUZ
El anverso y el reverso de la eliminación de este impuesto es que, en el caso andaluz, beneficia al 0,2% de la población y perjudica al 98,8%. Los efectos beneficiosos indirectos están por acreditar mientras que la renuncia fáctica a 120 millones de euros de recaudación es un hecho. La operación eliminación impuesto de patrimonio, ciertamente, le ha dado a Madrid pingües beneficios. Según un trabajo de Clara Martínez-toledano, que es profesora de Economía financiera en el Imperial College de Londres, sólo entre 2011 y 2015, el de declarantes de impuesto de patrimonio en la capital –superior a 700.000 euros– se incrementó en 6.000 personas con rentas altas.
En cualquier caso, éste es un debate político, no sólo un jeroglífico fiscal. Por un lado está el derecho a competir, que es indiscutible. Y la legitimidad y capacidad normativa de que una comunidad active los mecanismos que le ayuden a progresar. Cosa distinta es comprobar si las palancas que activa son realmente eficaces y además se hace atendiendo a criterios de justicia social. Es de suponer que la Junta tiene hechos los números, aunque como dice el escritor y editor de periódicos Gregg Easterbrook, “tortura a los números y lo confesarán todo”. Igualmente hay que entender cualquier movimiento tributario en el contexto del sistema de solidaridad interterritorial: el 75% de los impuestos autonómicos van a parar a la hucha común, desde la que se redistribuye para el resto del territorio.
El efecto añadido de atraer rentas a Andalucía mediante la supresión del impuesto de patrimonio, con especial alusión a Cataluña y aprovechando que a muchos hacendados catalanes les produce urticaria la derecha cañí madrileña, puede funcionar o ser un disparo al aire. Jaume Giró, el consejero de Economía de Cataluña, no descarta la supresión del impuesto en su comunidad, aunque lo supedita a cambios en el modelo de financiación. Murcia, además de rebajar el IRPF en un 4,1%, también plantea suprimir ya el impuesto de patrimonio. De hecho, la réplica catalana es que Andalucía lo hace porque le beneficia el modelo actual. España, en la noria. Vueltas a lo mismo con la certeza de no tener cerrado un modelo fiscal estable y que, razonablemente, pueda ser compartido por todos. Y aunque no es justo que se plantee como una justa a vida o muerte precisamente cuando es Andalucía la que da el paso, tampoco deja de llamar la atención que en estos tiempos de zozobra económica e incremento de la pobreza el debate gire en torno a la eliminación de impuestos a los más ricos.
MODELO A SEGUIR
Tras la desaparición del impuesto de patrimonio en Andalucía hay otras claves nacionales. Juanma Moreno, alineado con la calle Génova sin fisuras, es el ganador de unas elecciones andaluzas de forma apabullante. Y es, clara aunque subrepticiamente, el presidente autonómico de referencia para Feijóo y equipo, donde se sientan Elías Bendodo y Juan Bravo pilotando la parte económica. Le conviene al PP oponer el modelo Juanma –al éxito por la moderación– frente al de Ayuso– al éxito por la confrontación–. Uno suma con una propuesta de apariencia más amable, la otra desafía permanentemente. La desaparición del impuesto de patrimonio en Andalucía explica a las claras que esas políticas no quieren ser sólo patrimonio exclusivo de Madrid.
AUTONOMÍA E IGUALDAD
El tiempo electoral en el que vivimos instalados trae estas cosas. La solidaridad interterritorial aspira a que en todos los territorios pueda prestarse un nivel similar de servicios pero aplicando una presión fiscal idéntica a ciudadanos con rentas idénticas: es el viejo adagio que confirma que no tributan los territorios sino los ciudadanos, desmintiendo el discurso independentista que convierte al territorio en el tótem sagrado del que emana todo. En definitiva, se trata de aplicar la solidaridad pero sin trampas: asumiendo una equiparación razonable de derechos y deberes. Pudiera parecer que un Estado autonómico y el concepto de igualdad son conceptos antitéticos. Pero es justo lo contrario: nuestro estado autonómico se basa en la posibilidad de la autonomía política pero vinculada a la existencia de derechos y deberes similares. No es un sistema aplanador pero sí armonizador.
EL PELIGRO DE LAS DECISIONES FISCALES
Por eso las decisiones fiscales encierran tanto peligro, porque la posible desigualdad en las obligaciones fiscales no sólo tienen consecuencias recaudatorias sino políticas. Si no se mide bien se corre el riesgo de ensanchar las