La falta de regulación autonómica pone en riesgo cerca de 6.500 licencias VTC
La falta de regulación autonómica sobre la actividad de los vehículos de transporte con conductor (V TC), como los de Uber o Cabify, puede provocar que a partir del próximo 1 de octubre alrededor de 6.500 titulares de licencias de este tipo se vean obligados a dejar de operar trayectos urbanos.
Así, a escasos días de que finalice el periodo transitorio de cuatro años que el Gobierno concedió a las comunidades para que regularan la actividad de los V TC, únicamente Cataluña y Madrid han aprobado leyes claras que permitirán al sector seguir operando trayectos urbanos en estas regiones.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha defendido en los últimos días que las comunidades han contado con “tiempo suficiente” para aprobar la regulación que consideren más adecuada para la prestación de servicios de VTC en sus territorios, incluyendo posibles prórrogas de la actual normativa.
Sin embargo, el sector viene reclamando una ampliación de este periodo, al considerar que no ha sido suficiente para compensar o amortizar la inversión efectuada por los propietarios de las licencias debido a la paralización de la actividad por el estado de alarma en la pandemia y las sucesivas restricciones a la movilidad, y la imposibilidad de obtener ingresos.
En este sentido, Cabify, una de las compañías más grandes del sector, ha llevado el conflicto a la calle con una campaña que interpela directamente a la ministra del ramo, Raquel Sánchez, publicando el número de viajes contratados desde y hasta la sede del ministerio a través de su plataforma.