VTC y taxi: regular para el usuario
LA Junta de Andalucía ha apurado al máximo el plazo que la legislación estatal fijó para que las comunidades autónomas regulen la actividad de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). El próximo sábado, primero de octubre, toda la actividad en cascos urbanos de este servicio público tendría que cesar porque el Real Decreto Ley 13/2018 establece que son las comunidades autónomas las que tienen que establecer una regulación para su territorio en esta materia antes del 30 de septiembre de 2022. El Consejo de Gobierno de mañana es, por tanto, la última oportunidad que tiene el Ejecutivo de Andalucía, que lleva semanas negociando con las partes implicadas, para establecer una norma que garantice la convivencia del taxi con este otro servicio, popularizado por las plataformas digitales que intermedian con el cliente final. En Andalucía hay 8.782 licencias de taxi registradas frente a 3.256 de VTC, la segunda en número sólo superada por Madrid. La ratio en Andalucía es de un VTC por 2,7 taxis, según datos de la propia Junta. Las patronales del sector –Andeval y Unauto– estiman que las empresas que operan con licencias VTC generan más de 8.000 empleos directos en la región, con un impacto económico de 370 millones de euros. Impedir
La Junta está obligada a regular ya la convivencia de los dos servicios de transporte urbano, preservando la competencia en favor del cliente final
que ese empleo se destruya es la primera obligación que debe atender la regulación. El taxi lleva semanas movilizándose para presionar en el sentido de que las licencias autonómicas de VTC sólo se usen para desplazamientos interurbanos a requerimiento o, al menos, se dificulte su uso con la precontratación anticipada, algo que los tribunales ya han considerado que vulnera la competencia y la Constitución. En sus protestas se han producido agresiones y daños a los VTC, algo inaceptable. La Junta está obligada a regular ya. Y sobre todo, a hacerlo pensando en el usuario, que debe tener a su disposición toda la oferta posible para poder elegir en libertad, lo que exige preservar la competencia y garantizar que un sector que usan también millones de turistas no desaparezca de un plumazo en Andalucía.