El octavo juicio de Invercaria llega diez años después de la investigación
● La Fiscalía Anticorrupción reclama penas de 19 y seis años de prisión para los ex presidentes de la sociedad andaluza de capital riesgo Tomás Pérez-sauquillo y Laura Gómiz
El octavo juicio de la macrocausa de Invercaria arranca hoy, diez años después de que se iniciara la investigación. La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla celebra desde hoy el juicio por las ayudas de más de un millón de euros que fueron invertidos en el proyecto fallido de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (Fiva), la primera de las piezas de esta macrocausa que comenzó a investigarse en el año 2012, aunque los hechos son, incluso, todavía más antiguos, dado que se remontan al año 2006, con lo que han pasado ya 16 años hasta ser enjuiciados.
El retraso en el inicio de este juicio, que se celebrará en 45 sesiones hasta el mes de enero de 2023, se debe al colapso que arrastran las secciones de lo Penal de la Audiencia de Sevilla. Esta pieza de Invercaria, en la que están procesados dos ex presidentes de Invercaria (Tomás Pérez-sauquillo y Laura Gómiz), fue la primera que comenzó a investigarse hace 10 años, en concreto en 2012, y fue enviada a juicio por el instructor en septiembre de 2017.
La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de cárcel y seis años y medio de prisión para los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez-sauquillo y Laura Gómiz, respectivamente. En concreto, el Ministerio Público pide 19 años de cárcel y 47 años de inhabilitación para Pérez-sauquillo por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de inf luencias, negociación prohibida a funcionarios, falsedad en documento mercantil y delito de contrato simulado. Para Laura Gómiz solicita seis años y medio de prisión y 16 años de inhabilitación por un delito de contrato simulado en concurso con delitos de prevaricación y malversación.
Los otros diez procesados, entre los que se encuentran el ex director financiero de Invercaria, Antonio Nieto Garrido; el representante de Novasoft, Francisco José Barrionuevo, y los representantes legales de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen,
Francisco Gallardo Hill, se enfrentan a penas de entre 16 años y medio de cárcel y cuatro años de prisión. También se acusa a los consejeros de Invercaria Juan Vela Quiroga, Ramón Martín López, Isabel de Haro Aramberri, Bienvenido Martínez y Jacinto Cañete, y a Mariano Pérezsauquillo, hermano del ex presidente de Invercaria.
La Fiscalía reclama a los 12 procesados una indemnización que asciende a 1.365.000 euros para Invercaria.
El proyecto de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (Fiva) pretendía integrar a 50.000 empresas y consistía en la creación un portal virtual de presentación de productos para las empresas andaluzas, de modo que pudieran exhibir y ofrecer sus productos en internet, evitando así los costes y problemas de las ferias comerciales al uso.
SIN ANÁLISIS NI EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN
En el escrito de acusación, el fiscal delegado de Anticorrupción, Fernando Soto, sostiene que el consejo de administración de Invercaria aprobó el 29 de junio de 2006 la financiación del proyecto de Fiva, después de que Pérezsauquillo asegurara que el Comité de Inversiones lo había analizado, todo ello “a sabiendas de que no existía tal análisis ni evaluación de la operación de financiación”.
El Ministerio Público considera que Fiva únicamente registró ingresos en el ejercicio 2008 por importe de 31.836,03 euros, lo cual “pone en evidencia la total falta de operatividad de la plataforma, única fuente de ingreso por actividad mercantil de Fiva”.
Además, prosigue diciendo que las decisiones de tomas de participación, concesión de préstamos, asistencias financieras y gestión y administración de Fiva por parte de Invercaria fueron realizadas por los acusados “sin sujeción al marco normativo y procedimental aplicable, permitiendo un ilícito enriquecimiento de terceros, como los socios promotores de Fiva encausados, los cuales desde el inicio del proyecto han venido facturando servicios a la mercantil y ello aún conociendo la falta de rentabilidad económica y técnica del proyecto”.
Así, señala el fiscal que los acusados quebrantaron las “más elementales pautas de conducta en la administración de los fondos públicos de Invercaria –tanto en la fase de estudio, negociación, formalización y seguimiento de las operaciones– conociendo los incumplimientos de los hitos previstos en los planes de negocio sobre resultados y cifras de negocio del proyecto Fiva”.
La concentración de fondos públicos en este proyecto ocasionó “una grave perturbación en la actividad de fomento que la sociedad pública andaluza tenía encomendada” y el perjuicio económico se ha materializado de la siguiente forma: 284.000 euros por la aportación de capital dineraria, 716.000 euros por el principal de préstamos impagados, 359.171 euros por los préstamos otorgados a Grupo Imagen y Barainsa, y 5.699,87 euros por las asistencias financieras no devueltas.
Por su parte, el titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla aseguró en el auto de procesamiento que la sociedad Invercaria realizó diversas aportaciones de capital, concesión de préstamos y asistencias financieras con sus fondos propios procedentes de su socio único –la agencia IDEA–, a la sociedad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (Fiva).
La constitución de Fiva, de la que se nombraría presidente del consejo de Administración a Tomás Pérez-sauquillo, se recoge en una escritura pública de 13 de noviembre de 2006 con un capital social de 30.000 euros, dividida en 30.000 participaciones, de las cuales Invercaria tenía 12.000 participaciones, Grupo Imagen 7.500, Novasoft 3.000 y Corporación gráfica para el desarrollo del sector otras 7.500.
El juicio contra los 12 acusados se celebrará a lo largo de 45 sesiones hasta enero
La Fiscalía solicita una indemnización de 1,3 millones por este proyecto fallido