Procesados dos ex consejeros por ayudas de 33 millones a Delphi
● La investigación finaliza tras ocho años ● Entre los procesados está un hijo del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda
Una nueva pieza de la macrocausa de la formación cuya instrucción finaliza ocho años después de haberse iniciado la investigación. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana dictó ayer un auto en el que procesa a los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio y otras seis personas en relación con las subvenciones por una cantidad de 33.309.789,16 euros “arbitrariamente” concedidas al entramado de sociedades del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda –ya fallecido, por lo que por auto de 18 de enero de 2022 se declaró extinguida su responsabilidad penal– para los cursos de formación de los ex trabajadores de Delphi.
Esta causa fue iniciada en su día por la juez Mercedes Alaya, quien en un auto dictado en 2014, acusó al Ángel Ojeda de usar “sus influencias en la Junta” para hacerse con ayudas por importe de más de 33 millones “en poco más de año y medio” en relación con la formación de los ex trabajadores.
En un auto notificado ayer, el magistrado toma esta decisión al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos, dando traslado de la causa a Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación, según el TSJA.
Los investigados son los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, un hijo del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda y otras cinco personas que tenían una dependencia laboral o vinculación societaria con las empresas dirigidas por Ojeda.
El magistrado analiza en el auto la situación generada en la Bahía de Cádiz con motivo del cierre de Delphi, señalando que ante la situación generada y con el fin de atender la problemática social que se cernía sobre este área geográfica, la Junta, a través de sus responsables políticos, anunció su compromiso de atender de forma específica a los afectados por el cierre de Delphi y conseguir su recolocación en empresas de la Bahía de Cádiz. Así, una vez producido el despido, los afectados por el cierre de la factoría fueron incluidos en el Dispositivo de tratamiento singular, en cuyo desarrolla el juez destaca tres etapas.
En este sentido, los hechos investigados estarían encuadrados en la segunda etapa, de 2009 a 2011 donde una serie de empresas y entidades impartieron formación a los acogidos a dicho dispositivo, pero en este caso “simulando una contratación laboral”. El coste de la formación y de la contratación “se financió a través de subvenciones directas; excepcionalmente, un número proporcionalmente reducido de ex trabajadores de Delphi sí prestaron servicios laborales efectivos”.
El instructor afirma que los ex consejeros “asumieron estos compromisos y acordaron establecer y mantener este sistema de subvenciones a la contratación, a pesar de ser conocedores que la normativa en vigor en modo alguno amparaba dicho sistema y que se simulaban contratos de trabajo que no se respondían con la realidad”, para lo cual “habrían puesto en marcha un irregular sistema de concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias, que se destinaron, por un lado, a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de ex trabajadores de Delphi (con la colaboración de las asociaciones y fundaciones de Ojeda); por otro lado, a mantener las percepciones de los ex trabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo”.
Vilaplana asevera que “el sistema habría dado lugar a que algunas de las asociaciones beneficiarias de las subvenciones desviaran fraudulentamente una parte considerable del importe de las mismas hacia una serie de entidades vinculadas, a través de la generación de sobrecostes, la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor para la actividad subvencionada”, todo ello “sin que los responsables de la Consejería llevasen a cabo actuación alguna en orden a comprobar el correcto destino de las ayudas, posibilitando así la aplicación irregular de los fondos”.
En este sentido, subraya que, de lo actuado, “resulta factible deducir que los referidos responsables de la Consejería de Empleo habrían concedido estas ayudas bajo la apariencia formal de subvenciones –“excepcionales”– a la contratación, sin observancia y en contradicción con las previsiones que para el otorgamiento de subvenciones o ayudas públicas contemplaba la –entonces vigente– normativa autonómica y estatal”.
El juez precisa que en 2009, previo a que comenzara la segunda fase del dispositivo, el entonces consejero, Antonio Fernández, habría convocado a una reunión informal a Ojeda, “notoriamente conocido por ser beneficiario en la concesión de subvenciones autonómicas”, informándole el primero de que los trabajadores de Delphi “iban a cumplir los dos años de paro y que había que dar una salida a los mismos”, al tiempo que “se le ofreció la gestión de una ingente cantidad de subvenciones a través de empresas y entidades que serían directa o indirectamente controladas” por Ojeda.
Según agrega, “el entramado habría de conformarse en torno a la simulación de contrataciones con empleados de Delphi, incluyendo así salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la Junta” de Ojeda, señalando que “las entidades que ofrecía” el ex consejero, “meros testaferros de su voluntad”.
Así, los proyectos “consistían en proporcionar formación a los ex trabajadores para mejorar su empleabilidad”, pero, en realidad, “solo tenían como objetivo crear una apariencia de relación jurídico-laboral para justificar el alta en la Seguridad Social como único medio para proporcionar a los ex trabajadores el periodo de carencia necesario para acceder a unas prestaciones a las que de otro modo no tendrían derecho”.
Antonio Fernández y Manuel Recio facilitaron subvenciones al ex titular de Hacienda