Fincas audiovisuales

JUSTO al mismo tiempo que desde La Moncloa se hacían las maniobras necesarias para defenestrar al director general de Radio Televisión Española y sustituirlo por alguien más proclive a la defensa de los intereses gubernamentales, en Andalucía se cerraba un acuerdo que asegura el reparto de sillones y el control de Canal Sur. Nada nuevo bajo el sol. Como ocurre desde que en España tenemos democracia, los medios de comunicación públicos se consideran parte integrante del poder político y como tal son tratados por los gobiernos. En esta ocasión, en RTVE, José Manuel Pérez Tornero, al que ya Podemos le había puesto la cruz por considerarlo tibio, ha perdido también la confianza del círculo más próximo a Pedro Sánchez y ha sido sustituido por la periodista Elena Sánchez, una histórica de la televisión pública que garantizaría una información más acrítica con el Gobierno y una opinión, principalmente en las tertulias, más favorable a los intereses del Ejecutivo. En Andalucía, la situación no es exactamente la misma, pero conduce al mismo sitio. Tras las elecciones del pasado junio, PP, PSOE y Vox han alcanzado el primer acuerdo de la legislatura para la renovación del consejo de administración de la Radio

En la legislatura anterior, la del cambio, una de las cosas que no cambiaron fue el modelo de gestión de la radio televisión pública de Andalucía

Televisión de Andalucía y del Consejo Audiovisual, órganos de extracción parlamentaria que requieren el acuerdo de los tres quintos de la Cámara. Con la mayoría absoluta del PP, lo único que quedaba por dilucidar era el reparto de sillones y de nóminas entre los tres grupos con diputados suficientes para hacerlo. Canal Sur sigue siendo una de las asignaturas pendientes del Gobierno de Juanma Moreno. En la legislatura anterior, la del cambio, una de las cosas que no cambió fue la radio televisión pública, gestionada con los mismos criterios que habían funcionado con los socialistas. Tanto en Madrid como en Sevilla los medios de comunicación públicos se consideran fincas de quien gobierna. Se trata de un déficit democrático que España todavía no ha querido solucionar.