PRESUPUESTOS Y ELECCIONES
SEGÚN el Gobierno estos presupuestos son los más sociales de la historia (una de las frases más repetidas en la retórica presupuestaria) porque el gasto social se eleva hasta los 274.445 millones de euros, aunque incluyendo algunas partidas curiosas, como la subida de sueldo de los funcionarios. Por su parte, el PP enfatiza en el carácter electoralista de la propuesta y Feijóo los califica directamente de antisociales, centrando su observación en la carga impositiva sobre las clases medias. ERC resume su posición en una frase: nuestro voto hay que sudarlo; que traducido al castellano significa que nada es gratis y que esperan ofertas.
Que las elecciones impongan un fuerte sesgo en la confección de los presupuestos del Estado no debe sorprender a nadie porque ocurre con todos los gobiernos. Tampoco una cierta relajación en la coherencia financiera, aunque las licencias que nos tomemos hoy, cuando la economía está sometida a fuertes tensiones, deberán pagarse en ejercicios venideros y la factura puede ser dolorosa.
Pero si el perfil de la economía que dibujan estos presupuestos está condicionado por el ciclo electoral, es muy probable que los rasgos se acentúen durante las campañas. El sueldo de los funcionarios sube más que los salarios privados, el gasto crece más que los ingresos y la deuda pública alcanza otro récord de 1,47 billones de euros, a las puertas de una fuerte desaceleración que dificulta seriamente el objetivo de reducir en seis puntos su peso en el PIB de aquí a 2025.
Puesto que el gobierno ya se da bastante bombo con las bondades de este presupuesto, destaquemos aquí algunas debilidades. La primera, la sensación de que se exprime en exceso al sector privado (empresas) y a la clase media, con el consiguiente riesgo de costes electorales para el gobierno, tanto más probables cuanto mayor sea la fatiga provocada y antes se perciban sus consecuencias. En segundo lugar, la inseguridad en torno a los pronósticos y en los diagnósticos provocados por la volatilidad y la incertidumbre del escenario internacional, entre ellas el riesgo de recesión en la UE, que aconsejaría una doble dosis de prudencia en las valoraciones, razonablemente presente en la realizada por la vicepresidenta Calviño, pero groseramente ausente en la propagandística presentación de la ministra Montero.
En tercer lugar, no contemplan la necesidad de prepararse para los grandes cambios que impone la desglobalización. Básicamente consiste en cambiar la fórmula de más eficiencia y menos seguridad dominante en las relaciones internacionales durante dos décadas por la contraria. El nuevo orden internacional no parece demandar, al menos en occidente, tanta legislación coercitiva como instituciones justas y eficientes, pero tendrá que crecer en un contexto geopolítico adverso y polarizado. El apoyo que España, y otros países con problemas similares, ha recibido de la UE tras la pandemia tiene agenda de caducidad y exige resultados. Si además la prioridad del BCE sigue siendo la estabilidad de los precios, entonces el billón y medio de endeudamiento público puede ser una espada de Damocles sobre la estabilidad de la economía española.