Botafuegos echa chispas
● Los sindicatos de funcionarios alertan del aumento de las amenazas y critican que Interior no les conceda matrículas reservadas para sus vehículos, blanco de las iras de algunos clanes ● La cárcel algecireña es la segunda del país donde más móviles se intervienen
El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, tan exitoso que el Gobierno ha decidido extenderlo ya a seis provincias andaluzas, cuenta con un talón de Aquiles. El aumento policial, que se ha traducido en más operaciones, más detenciones y más incautaciones de droga, no ha venido acompañado de una ampliación de las instituciones penitenciarias. La consecuencia es fácil de imaginar: cárceles más pobladas, más peligrosas para los propios reclusos y para los funcionarios. La situación es especialmente caliente en Botafuegos, la prisión algecireña que alberga a la gran mayoría de los detenidos en intervenciones contra el narcotráfico a ambos lados del Estrecho de Gibraltar.
Desde el sindicato CSIF se advierte que el Gobierno “no ha pensado que esa mayor presión policial se iba a traducir en más detenciones, y que los narcos ocupan espacio. Además, no son delincuentes corrientes”, advierten.
La extraordinaria labor de grupos como el OCON de la Guardia Civil, en plena reestructuración (por no llamarlo directamente disolución), ha provocado la caída de clanes enteros, cuyos miembros van a la cárcel entre tres y cinco años. La prisión de Botafuegos se construyó para albergar en su momento de máximo rendimiento a 1.008 reclusos. Actualmente tiene a 1.300. En su época de aforo crítico llegó a tener 1.800, un 40% más, lo que supone el doble de problemas. Quizá por ello, a la larga lista de agresiones, verbales y físicas que sufren sus funcionarios, se han sumado en los últimos tiempos amenazas directas y el incendio de dos coches, el de una funcionaria y el de su pareja. Una trabajadora social también ha sufrido actos parecidos por denegar un permiso penitenciario. Otro funcionario conoció de primera mano cómo se las gastan los narcos después de que le requisara a uno de ellos un móvil en un registro rutinario en su celda.
Tras estos incidentes, la dirección del centro decidió desmantelar el módulo 11 por completo y repartir a los reclusos por el resto de la cárcel. “Es muy peligroso tenerlos a todos juntos. Desde los sindicatos lo que hemos pedido es que se disgreguen por otras prisiones de Andalucía, que se manden a El Puerto, Morón o Huelva. No puede primar el arraigo del interno a la seguridad del centro”.
Según han asegurado a este medio fuentes sindicalistas, una de las reclamaciones más recurrentes de los funcionarios de la prisión algecireña es que sus vehículos dispongan de matrículas reservadas, como las que tienen miembros del Ministerio del Interior. Esto permite no tener que dar datos de su matrícula ni que esta sea accesible para los contactos de los clanes del narcotráfico. “Estas peticiones son ninguneadas por el Ministerio. Se hizo una petición de manera conjunta, pero volvieron a denegarla. Y ahí están los compañeros luchando por algo esencial para su seguridad”. La cuestión de fondo de estas negativas es que “concederlas sería una manera de reconocer que hay un peligro velado allí”, dicen desde CSIF.
Los funcionarios lamentan que lo único que les sugieren desde Instituciones Penitenciarias es “que no reconozcan el propio vehículo o que adoptemos medidas de autoproducción como en los tiempos de ETA”.
Uno de los problemas para que Botafuegos sea, junto con Soto del Real, una prisión sobre ocupada, es que hay multitud de internos magrebíes y de españoles ceutíes que son enviados a este lado del Estrecho
tras ser detenidos. Ceuta cuenta con su propia cárcel pero funciona únicamente al 50%, algo similar a lo que ocurre con la malagueña de Archidona. “Lo que pedimos es que ambas funcionen a pleno rendimiento para aliviar a Botafuegos”, reclaman.
ARMAS EN PRISIÓN
En los últimos tiempos han aumentado las agresiones entre internos y también contra funcionarios. En prisión es difícil meter una navaja, pero proliferan los pinchos carcelarios de fabricación casera, el clásico cepillo de dientes afilado o el tornillo capaz de buscarte una ruina. En la trena, si vas armado, en argot carcelario empalmado, se impone mucho más.
Dicho esto, el narco no tiene un perfil violento en prisión. Los jefes se rodean de los suyos, no consumen drogas y lo que tratan es vivir lo mejor posible a la espera de poder disfrutar de sus beneficios penitenciarios. El problema llega cuando se los deniegan o se retrasan. Ahí empiezan a presionar a funcionarios y trabajadores sociales con amenazas más o menos veladas, se repiten los ya nos veremos
en la calle y la cosa puede ir a más. “Es un clásico, y a más tiempo en la cárcel, más amenazas”, comenta un funcionario.
Pero en Botafuegos no sólo hay presos comunes y narcos, sino que los funcionarios también tienen que lidiar con detenidos por sus conexiones con el terrorismo islamista. El número de esos presos no es tan elevado como en su día lo fue el de miembros de la banda terrorista ETA. Aunque en un principio intentaban continuar con el adoctrinamiento entre rejas, ahora, cuentan los propios funcionarios, “esta práctica ha bajado porque saben