“Más de la mitad de los profesores de universidad se jubilarán en ocho años”
● La mejora de la financiación y la formación permanente son sus grandes aportaciones a la LOSU ● Apuesta por los microcursos para ampliar el segmento de edad del estudiantado
Dicen de él que era el concejal predilecto de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, de cuyo gobierno salió este año para irse al de España. Joan Subirats sustituyó en el Ministerio de Universidades a otro catalán, Manuel Castells, quien puso en marcha la tercera reforma universitaria que ha conocido la democracia de este país. No ha sido un trabajo fácil. El anteproyecto de la nueva ley (la LOSU) con el que se encontró había suscitado más desapegos que consenso. Hubo que buscar adeptos y añadir criterios personales a la normativa: mejorar la financiación, reducir la temporalidad y fomentar la formación permanente.
Subirats, con cerca de medio siglo ligado a la enseñanza universitaria, acaba de hablar con una televisión sobre los gritos proferidos en un colegio mayor de Madrid. Es una mañana intensa de trabajo. Nos recibe en la sala VIP de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, donde en pocos minutos clausurará el I Congreso Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos. Se congratula de haber venido en un día “fresco”. –Empecemos por lo más actual. ¿Los gritos proferidos en un colegio mayor de Madrid es una gamberrada tradicional o un síntoma de que aún queda mucho por hacer en valores?
–Forma parte de algo que, enmascarado en una lógica de tradición, encierra un conjunto de conductas que deberían haberse eliminado hace tiempo. La emergencia de este asunto es una oportunidad para desenmascarlas. Está bien que haya estallado, porque permite superar esa lógica.
–Llegó al Ministerio con el borrador de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), a la que le ha dado un sello personal. ¿Supuso una hipoteca o un incentivo?
–Fue un incentivo debido a la buena labor que hizo mi antecesor en este terreno, Manuel Castells, pero se trataba de un trabajo sin concluir. Para mí, después de 47 años de docencia en la universidad, era un aliciente y un servicio a algo tan querido. Lo concebí como una manera de contribuir a que una ley de hace 21 años pudiera actualizarse y que la universidad española afronte las próximas
Lo del Colegio Mayor de Madrid encierra un conjunto de conductas que deberían haberse eliminado hace tiempo”
El límite para ajustarse al 8% de temporalidad en las universidades es el 31 de diciembre de 2024”
décadas en las mejores condiciones posibles.
–Una de sus propuestas es que la financiación universitaria suponga, al menos, el 1% del PIB. Comunidades como Andalucía lamentan que se haya quedado en papel mojado, una especie de “yo invito y tú pagas”...
–Esta afirmación me parece injusta. Estamos en un sistema complejo de gobernanza universitaria, con una serie de condicionantes. Por un lado, la Unión Europea, que ya no es política exterior, sino interior; por otro, una descentralización muy significativa con el traspaso que se hizo en el año 2000 de las competencias en materia de universidad a las comunidades autónomas; y luego tenemos la autonomía de las universidades. A lo que nos comprometemos con la nueva ley orgánica es a resarcir al sistema universitario de la infrafinanciación pública sufrida estos 10 años, que ha caído un 20%. Aún no hemos recuperado los niveles de 2009. Es un problema que nos debería comprometer a todos. Lo que defendemos con la LOSU es algo que ya se aprobó en la Lomloe: que el 5% del PIB, como mínimo, se destine a Educación. Entendimos que de ese porcentaje, un 20% corresponde a universidades. Ahora nos situamos por debajo de la media europea.
–¿Y cómo funciona esa financiación pública?
–Excepto en el País Vasco y Navarra, que tienen concierto autonómico y fiscal, el Estado transfiere la parte de financiación dedicada a enseñanza superior, pero las comunidades deciden a qué dedican ese montante global. No es una transferencia finalista, pues eso no lo determina el Estado. Por tal motivo, la LOSU prevé que se cree una comisión entre Estado y comunidades autónomas para decidir de forma conjunta el funcionamiento de ese sistema. Esta comisión tiene que reunirse en no más de un año y establecer un calendario de trabajo. No es un brindis al sol. Hay un camino a seguir y un compromiso para que la mejora de la financiación se concrete.
–En cuanto al fin de reducir la temporalidad laboral en las universidades, ¿qué mecanismos de control se van a implantar?
–La ley fija un 8% para perfiles temporales, como son los casos de profesor distinguido, visitante, emérito o sustituto. No entra aquí la figura del profesor asociado, que tiene un contrato indefinido. Esto es un compromiso con Europa. Dentro del sistema de cogobernanza universitario, las comunidades han de velar por que la normativa se cumpla y las universidades tendrán que adaptar su realidad al nuevo marco. Para conseguirlo, la ley establece periodos de transición. El límite de temporalidad habrá de cumplirse el 31 de diciembre de 2024.
–¿Hay avances en el Estatuto del Personal Docente Investigador?
–Nos comprometimos con los sindicatos a que el día en que el consejo de ministros aprobara la nueva ley, se iniciaría la mesa de redacción y diálogo para el estatuto. Así lo hicimos. Ya se han mantenido varias reuniones de trabajo y hay un calendario planteado para
Para 2030, el 60% de la población de 16 a 85 años ha de tener formación permanente. Ahora estamos al 13%”
tener el estatuto este curso académico. Estamos cumpliendo algo que no se ha hecho en 20 años.
–Uno de los problemas a los que se enfrentan las universidades es la renovación de las plantillas. ¿Cuándo se cambiarán los criterios de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca)?
–Son dos temas distintos, aunque están conectados. Por un lado, está el envejecimiento de la plantilla universitaria. Las cifras nos indican que en ocho años va a jubilarse el 53% de los profesores y, por tanto, debemos afrontar este grave problema, para el que no se ha hecho lo suficiente los últimos años, debido a la congelación de las tasas de reposición. Frente a ello, debe potenciarse la entrada de savia nueva en las universidades. Con tal fin, la ley establece la mejora de las condiciones laborales de los contratos predoctorales, que tendrán indemnización y dotación suficiente. Podrán adquirir también experiencia académica, con hasta 60 horas de docencia. Luego hay seis años de ayudante doctor, por lo que en 10 años, desde que se acaba la carrera, podrá consolidarse en la universidad, un periodo que ahora dura el doble. Pero para ello también hace falta dinero, ese 1% del PIB.
–Y luego está la polémica por las acreditaciones de la Aneca...
–Están mejorando. Ha surgido un debate, ya que sólo se tienen en cuenta las publicaciones en las revistas científicas, pero no se recogen las riquezas de otras experiencias, como la clínica de los sanitarios o el trabajo de los ingenieros. La Aneca ya está avanzando en este sentido y habrá cambios significativos para enriquecer la lógica de las acreditaciones.
–¿La autonomía universitaria que defiende la LOSU ampara a la Universidad de Sevilla para que siga siendo la única de España en la que el rector lo elige el claustro?
–La ley recoge una lógica general de democratización en todos los aspectos universitarios. Uno de ellos es el acceso. En el horizonte nos gustaría que todas las universidades públicas redujeran al máximo las tasas, para que las condiciones socioeconómicas no fueran una barrera. Y también se persigue la democratización en el funcionamiento de las universidades, para que la elección de los cargos se haga a través de procesos de sufragio universal. El modelo de la Universidad de Sevilla es único. Es evidente que hay otros países que tienen otras tradiciones y otras formas de trabajar en este sentido.
–¿Le resulta, entonces, un rara
avis en el sistema universitario español?
–No lo digo yo, lo dice la estadística. Es la única que tiene este sistema de elección.
–¿El concepto de universidad como foro de libertad y debate debe garantizar que Macarena Olona imparta una conferencia?
–La universidad es un ámbito donde se puede expresar todo tipo de ideas, siempre que no incorporen la xenofobia y valores contrarios a la libertad de expresión. Ésta es la lógica en la que debemos trabajar y cada universidad tiene sus propias dinámicas para establecer ese principio universal. La ley de convivencia universitaria también fija mecanismos para este fin. Yo creo que cualquier opinión que respete esos límites puede manifestarse en la universidad, que si por algo se caracteriza es por su espíritu crítico y por ser el lugar en el que se pueden discutir ideas.
–En la LOSU se insiste mucho en la formación permanente. ¿Es una manera de hacer frente al descenso demográfico? –Tenemos una universidad muy centrada en una edad determinada, la de los 18 a los 29 años. De hecho, sólo un 6% de los alumnos de grado y posgrado tiene más de 30 años. Dos factores deben impulsar un cambio en este aspecto. Uno es que en 15 años ese segmento poblacional disminuirá en 200.000 habitantes. Tendremos una oferta muy potente, con 50 universidades públicas, pero que verá reducido su target, por lo que habrá de plantearse cómo ampliarlo: bien mediante estudiantes de fuera del Estado o aumentando su oferta formativa a otras edades. A este respecto, la Unión Europea nos está diciendo algo muy importante: antes estudiabas cinco años y podías vivir toda la vida con esa preparación, y ahora, si quieres trabajar, tendrás que estar formándote toda la vida. La formación permanente es un criterio central. Se trata de lograr una universidad para todas las edades. Europa fija para 2030 que el 60% de la población de 16 a 85 años esté en proceso de formación, es decir, que en las últimas cuatro semanas haya tenido alguna experiencia de carácter formativo. Ahora mismo en España no llegamos ni al 13%.
–Ya hay algunas universidades que se han puesto las pilas con este asunto...
–Como por ejemplo la Pablo de Olavide, que está avanzando mucho en lo que se conoce como microcursos o microcredenciales. No se trata, a cierta edad, de comenzar una carrera o doctorado, sino de poder acceder a una formación compacta, de tres o seis meses, compaginable con las obligaciones labores y familiares y cuya acreditación pueda usarse en el mercado de trabajo.
–¿Le da plena confianza esa “prueba de madurez” en la que se convertirá la Selectividad?
–Estamos en ello. Acabamos de recibir las enmiendas de la CRUE a la primera propuesta de la Evau. No hay un texto definitivo. Tenemos que trabajar lo antes posible porque las universidades también deberán cambiar sus formas de hacer en cuanto contemos con un texto definitivo. Sí que hay un intento por buscar otras maneras de evaluar, con una lógica más de madurez que de examen. Es un cambio que se está produciendo en todas partes, en relación con componentes interdisciplinares y emocionales. Yo lo veo positivo.
–Alumnos de excelencia se marchan a la universidad privada al no poder acceder a la carrera deseada por cuestión de décimas. ¿Cómo se frenan notas de corte cada vez más altas?
–Estamos muy interesados en discutir con los responsables de determinadas carreras para contemplar la posibilidad de ampliar plazas, lo que rebajaría esa nota de corte. Es algo que ya estamos viendo en el campo de la Medicina gracias a un trabajo realizado por el Ministerio de Sanidad. Hay margen para crecer en la oferta. Estamos trabajando con la conferencia de decanos de Medicina de toda España para ofrecerle nuestra colaboración académica y financiera con la que cubrir los gastos que implique ese aumento.
–¿Hay demasiada duplicidad de títulos universitarios?
–Si uno compara lo que pasaba hace 20 años con la LOU, cuando existían 170 títulos, con los miles de ahora, pues evidentemente se ha crecido. Pero ello obedece a necesidades sociales cada vez más complejas y a que se han buscado especialidades a caballo entre varias disciplinas. Es un signo de los tiempos. Hay títulos que se han quedado obsoletos y hay necesidades que no están del todo cubiertas. En todo caso, no es una decisión que tome el ministerio, sino el conjunto del sistema universitario, mediante la conferencia de rectores y el consejo universitario.
–¿Qué le parece que universidades como la de Málaga oferten cursos de FP?
–Creo que debe quedar claro lo que es universidad de lo que no lo es. Existen criterios que lo determinan, como la investigación y las acreditaciones, los cuales marcan fronteras. No debería ser una norma que las universidades entren en el terreno de la Formación Profesional, es otro ámbito el que han de cubrir. Deberíamos, eso sí, establecer las pasarelas necesarias para que sea fácil ir de una titulación universitaria a la FP y también a la inversa. Son conocimientos complementarios.
No debería ser una norma que las universidades entren en el terreno de la Formación Profesional”