Refuerzo contra el fraude
● El Gobierno sube las partidas a la Agencia Tributaria y a la Inspección de Trabajo para combatir el engaño tributario y laboral
El Gobierno va a reforzar el próximo año las actuaciones de lucha contra el fraude fiscal y laboral, para lo que ha incrementado las transferencias tanto a la Agencia Tributaria (AEAT) como a la Inspección de Trabajo. Según se desprende del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, la AEAT contará con una partida presupuestaria de 1.397 millones de euros, el 15,2% superior a la de 2022, gracias en parte al aumento en 167 millones de las transferencias del Estado.
Dentro de las principales actuaciones, la AEAT destinará 1.290 millones a la lucha contra los incumplimientos tributarios y el fraude fiscal, más de 30 millones de euros más que lo presupuestado este año.
Para ello, realizará 1,5 millones de controles sobre tributos internos y otro medio millón de controles aduaneros, de impuestos especiales y medioambientales. El Gobierno prevé incrementar la plantilla de la AEAT en más de 300 personas, hasta los 6.829 trabajadores.
El Gobierno espera recaudar 1.100 millones de euros en 2023 mediante actuaciones de control del cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social y para ello tiene previsto realizar 400.000 actuaciones en materia de economía irregular.
Estas actuaciones serán desarrolladas por la Inspección y Control de Seguridad y Protección Social, ente del Ministerio de Trabajo, que cuenta con un presupuesto de 203,1 millones de euros para 2023, entre las que se incluye una mayor transferencia del Estado hasta totalizar 197 millones. En concreto, la Inspección llevará a cabo diversas actuaciones sobre los contratos temporales, para lo que contará este año como novedad con una herramienta HLF de análisis masivo de bases de datos.
El Gobierno también prevé ahorrar 2.000 millones mediante el control de las prestaciones por desempleo, gracias a la mejora de su gestión y a la detección del cobro fraudulento de 230.000 ayudas. Para ello, el SEPE llevará a cabo 1,5 millones de controles para ver si se cumplen los requisitos para acceder a una prestación, así como 2,8 millones de controles automáticos mediante cruces informáticos.