La Junta ofrece al Gobierno apoyo para levantar el veto al arrastre
● La decisión de la CE afecta a 126 barcos y 600 pescadores de Andalucía ● El Ejecutivo central recurrirá al TJUE
ción. Hay comunidades de regantes de Málaga, según el presidente, que quieren realizar la inversión de construcción de desaladoras. Corresponde, no obstante, al Gobierno central dar estos permisos de explotación en la franja marítimo-terrestre.
Al respecto de las energías alternativas, Juanma Moreno dio el dato de que hay proyectos de inversión de 17.000 millones de euros para construir plantas de renovables. En la próxima legislatura, Andalucía podría producir, mediante renovables, el 80% de la energía que consume.
El presidente reconoció que buena parte del éxito de ese desarrollo futuro depende de la Junta de Andalucía, ya que hay muchos proyectos de renovables que se han atascado en las delegaciones provinciales. El proyecto de Presupuestos de 2023 incluye una ampliación de la plantilla que se requiere para desatascar proyectos que necesitan permisos de bastantes departamentos. Manejan, incluso, la opción de aprobar una encomienda de gestión para solventar este problema.
Juanma Moreno explicó que ser líder en este tipo de energías también incluye que Andalucía sea territorio de la fabricación de las placas, de su mantenimiento y del arreglo. Otra de las fuentes alternativas en la que la Unión Europea está volcada es en la producción del llamado hidrógeno verde.
El hidrógeno es un combustible de fácil transporte, y se puede producir mediante electrolisis del agua en la que se usen solo energías limpias. Es a eso a lo que se le denomina hidrógeno verde, por su modo de producción. Otra de las virtudes es que se puede transportar por los mismos gasoductos por donde ahora circula o el gas natural o el licuado, una vez regasificado.
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La Junta de Andalucía quiere ir “de la mano del Gobierno de España” para conseguir que se levante el veto impuesto a la pesca de arrastre en caladeros de más de 400 metros de profundidad. Una medida que afecta a 600 pescadores de la comunidad autónoma y tendrá un impacto de 112 millones de euros en la economía andaluza, detalló ayer el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-pacheco, quien aseguró que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tiene “todo el apoyo del Ejecutivo andaluz en sus gestiones para conseguir una moratoria del reglamento mientras la Justicia europea se pronuncia sobre el recurso que el Reino de España va a presentar”.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reunió este lunes con representantes de la Comisión de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, a los que “trasladó su rechazo absoluto y rotundo” a dicho veto a la pesca de arrastre, pero desde la Comisión se le transmitió que no se revisaría el veto hasta finales de año.
Desde Andalucía se denuncia que la decisión tomada por Bruselas está basada en informes de 2011, que no ref lejan la situación actual de los caladeros. Por ello, la Junta ofrece al Gobierno la presentación de informes más actualizados para que los envíe a la Unión Europea y se puede cambiar la decisión adoptada.
“Estamos convencidos de que, en esta materia, igual que en todas las demás, juntos vamos a ser más fuertes y Andalucía arrimará el hombro, contribuirá a que esos informes que tiene que enviar el Reino de España se hagan con la máxima celeridad y exactitud para conseguir ese fin en beneficio de la pesca de arrastre andaluza”, aseveró el consejero.
El veto afecta a 41 zonas de pesca en el territorio nacional. El 25% de la f lota española perjudicada es andaluza: 126 barcos y 600 pescadores. En Ayamonte e Isla Cristina, más del 60% de su flota arrastrera sufrirá las consecuencias de esta decisión si no es modificada.
La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, también urgió al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a remitir a Bruselas informes científicos y socioeconómicos “actualizados” sobre el estado de los caladeros en aguas andaluzas antes de que el comisario europeo fije los TAC y cuotas de la pesca de arrastre del Mediterráneo, que en los últimos tres años “se ha reducido un 17%”.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó la “firmeza” del Gobierno y la “mano tendida” a la Comisión Europea ante el veto europeo a la pesca de arrastre, que España recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la UE, pese a
Calculan que tendría un impacto de 112 millones en la economía andaluza
la rebaja de 87 a 41 de las zonas prohibidas.
“El Gobierno de España tiene una postura doble, por un lado de firmeza en el recurso que tenemos intención de interponer ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por otra parte, de mano tendida a la Comisión Europea para proceder sobre la base de unos datos científicos actualizados, que ya están disponibles y que serán completados en las próximas semanas para efectivamente revisar la decisión adoptada”, señaló Planas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Tras afirmar que España comparte medidas en materia de protección de los ecosistemas marinos sostenibles, Planas criticó, no obstante, la adopción por parte de la Comisión Europea de un reglamento ejecutivo que supone una decisión “sin fundamento científico cierto” y además con unos “errores graves”.
El ministro de Agricultura explicó que en la jornada de ayer, justo un día después de la entrada en vigor del veto europeo, se registró un funcionamiento “normal”, con ajuste de capturas entre los distintos barcos de la flota en un contexto que el Gobierno está siguiendo “muy de cerca”.
“No es posible hacer un balance sin por lo menos que pase una o dos semanas, estamos trabajando al mismo tiempo sobre el recurso a interponer ante el Tribunal de Justicia y estamos en contacto permanente con la Comisión Europea a este respecto”, afirmó Planas.
Asimismo, el ministro de Agricultura desmintió afirmaciones llevadas a cabo en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y aseguró que España no solo ha facilitado “en tiempo y forma” todos los datos correspondientes, sino que la Comisión los tenía a la hora de adoptar esta decisión.