La Junta dice que agotará todas las vías para recuperar el dinero de los ERE
penas de inhabilitación Manuel Chaves –nueve años de inhabilitación–, los ex consejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el ex viceconsejero José Salgueiro y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y el ex director de Idea Jacinto Cañete.
En la resolución, la Audiencia señala que el artículo 904 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que contra las sentencias dictadas en casación “no se admite recurso alguno”, de lo que “se desprende que la sentencia dictada en casación es firme desde el mismo día en que se dicta, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 988 de la misma ley, procede su ejecución, adoptando las medidas precisas para ello”. A continuación, la Sala solicita a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular que informe sobre la suspensión de la ejecución de las penas de prisión después de que los nueve ex altos cargos hayan solicitado el indulto parcial.
Con respecto a las penas de prisión, el auto da traslado a la Fiscalía y a la acusación popular de los escritos presentados por las defensas de los ex altos para que “informen sobre la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad mientras se tramitan los indultos planteados” por estos nueve ex altos cargos.
El Tribunal Supremo confirmó la sentencia que condenó a seis años de cárcel por un delito de malversación, a José Antonio Griñán, en relación con el pago de 680 millones de las ayudas de los ERE. Los otros ocho ex altos cargos que también han solicitado el indulto son los ex consejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, los ex viceconsejeros Jesús María Rodríguez Román y Agustín Barberá, el ex director de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.
El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán fue condenado a seis años y dos días de cárcel, mientras que Antonio Fernández fue condenado a siete años, 11 meses y un día de prisión; José Antonio Viera a siete años y un día de prisión; Carmen Martínez Aguayo a seis años y dos días de prisión; Francisco Vallejo a siete años y un día de prisión; Agustín Barberá a siete años y un día de prisión; Jesús María Rodríguez Román a seis años y dos días de prisión; el ex director general de Trabajo Juan Márquez a tres años de prisión y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar a seis años, seis meses y un día de prisión.
La Junta de Andalucía confía en la actuación de sus servicios jurídicos y agotará “todas las vías” para recuperar “hasta el último euro” de los fondos defraudados en el caso ERE. Esa es la respuesta del portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-pacheco, ante el auto emitido por el juez José Ignacio Vilaplana en el que critica el “equívoco comportamiento procesal” de la Junta de Andalucía en el caso ERE y advierte a los funcionarios y las autoridades que pueden ser responsables de no haber recuperado el dinero malversado, lo que podría derivar en la exigencia a estos de los “daños y perjuicios” causados.
Vilaplana hace una dura valoración de la estrategia procesal seguida hasta ahora por la Administración autonómica como acusación particular del caso ERE. La Junta había solicitado el archivo de la causa contra la empresa Fundaciones
El ex presidente pidió al Supremo la suspensión de la ejecución de la sentencia
El juez señaló que la acusación apoya un “comportamiento procesal equívoco ”
Caetano, a la que se concedieron ayudas por más de tres millones de euros, en línea con el criterio mantenido anteriormente de solicitar el archivo de las piezas en las que no hay intrusos en los expedientes de regulación de empleo. Pero el juez rechaza el sobreseimiento y avisa de esa posible responsabilidad de los representantes de la Junta y funcionarios públicos “ante el equívoco comportamiento procesal descrito, determinante de un desistimiento y/o renuncia a potenciales créditos económicos de la Hacienda Autonómica”.
Ante estas aseveraciones del juez, el portavoz del Gobierno andaluz defendió ayer la actuación de los servicios jurídicos autonómicos. “Confiamos en los servicios jurídicos y en su criterio”, aseguró, recordando que “hay un mandato claro de agotar hasta la última vía para recuperar esos fondos”.
Por su parte, Vox consideró “muy grave” que se solicite el archivo de piezas del caso ERE, poniendo “en peligro” la recuperación del dinero.