El juez del caso Púnica exonera a Aguirre y González pero procesa a Granados
● De los 79 imputados, el magistrado sólo ha sentado a ocho en el banquillo
El juez de la Audiencia Nacional que ha investigado desde 2014 el caso Púnica ha archivado la causa sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid en 2007, 2008 y 2011 para los ex presidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, mientras que ha propuesto juzgar al ex consejero Francisco Granados.
Como hiciese el año pasado con la también ex presidenta regional Cristina Cifuentes, el magistrado Manuel García Castellón ha acordado sacar de la causa a Aguirre y a González en atención al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió el archivo del procedimiento para ambos, fundamentalmente debido a la prescripción y a la falta de indicios sólidos.
Tras años de investigación, de los 79 imputados, el magistrado sólo ha visto indicios para sentar en el banquillo a ocho, incluido quien fuese secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el ex gerente Beltrán Gutiérrez, por la presunta financiación irregular en las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de posicionamiento de altos cargos.
Lo que ocurre con Aguirre y González es que los delitos de falsedad electoral vinculados a las elecciones autonómicas de 2007 y 2008 estarían prescritos, de modo que el juez ha decidido no enviarles a juicio en el auto, conocido ayer, en el que también rechaza la petición del PSOE y de Adade de investigar al PP.
Además de a Granados y Beltrán, el juez acuerda procesar al que fuera jefe de Gabinete de Aguirre Borja Sarasola; a la ex directora general de Medios de la Comunidad Isabel Gallego; al ex consejero delegado de la Agencia
El ex gerente Beltrán Gutiérrez también será juzgado por la presunta financiación irregular
de Informática y Comunicación (ICM) de Madrid José Martínez Nicolás y al empresario Alejandro de Pedros, entre otros.
Entre los delitos que se investigaron figura prevaricación, malversación, fraude en la contratación, falsificación, cohecho, delito electoral y tráfico de influencias.
Además de la prescripción de los delitos electorales, el juez cree que no hay “indicios que permitan afirmar” que Aguirre conocía la supuesta financiación irregular que se ha investigado.
Y aunque también inferirse que González pudo saber que existían esos trabajos, dice el juez, tampoco se ha acreditado “su participación en ninguna actuación”.
En cambio, en el caso de Granados el juez afirma que era quien registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra.