Una división grave en el PSOE y en el Gobierno
EL PSOE, junto al PP y a Vox, han prorrogado el plazo de enmienda al proyecto de ley de igualdad para las personas transexuales, cuya discusión amenaza con abrir un cisma en el Partido Socialista y dentro del propio Gobierno, en el que Unidas Podemos ha sido la impulsora del polémico texto. Desde el punto de vista jurídico, el proyecto es tan inconsistente que el propio grupo socialista –coautor, por tanto– viene ampliando el período para enmendar el texto bajo el argumento de que no es lo suficientemente garantista, dando por anticipado que podría ser tumbado en un futuro en el Tribunal Constitucional. La ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, una de las opositoras a este texto, ha revelado que el proyecto de ley fue modificado, una vez que ella salió del Ejecutivo. Trastocado a conveniencia de Unidas Podemos, Pedro Sánchez aceptó la imposición de la ministra Irene Montero, y ahora se ha encontrado con una profunda división en su partido. Una brecha grave, porque notables feministas del PSOE entienden que es un ataque grave al propio concepto de mujer. Los elementos más discutidos del proyecto son los relativos a la protección de los menores de edad
El proyecto de la llamada ley trans no es válido, a las dudas de los profesionales médicos se añaden las rectificaciones que otros países han debido hacer
y al concepto de violencia de género, así como una laxitud que podría llevar al fraude. Varias asociaciones médicas, como la de Pediatría en Atención Primaria y la de Psiquiatría de la Adolescencia y la Infancia, piden que se extreme la prudencia y se vuelva a un debate más reflexivo, puesto que el proyecto permite que menores desde los 12 años se registren con otro género con un permiso judicial o tutorial. A partir de los 16, no hace falta permiso ni necesidad de indicar, como hasta ahora, que se está en un proceso estable de cambio. Entendemos que este proyecto no es válido, porque las dudas expresadas por los profesionales vienen avaladas por las rectificaciones que han tenido que efectuar países como Finlandia y el Reino Unido sobre leyes similares.