Los sindicatos quieren retocar aspectos de Ley de Función Pública

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, que llegaron a un acuerdo global con la Junta sobre el proyecto de ley de función pública que inicia su tramitación tras superar el miércoles superó el debate a la totalidad en el Parlamento, intentarán introducir enmiendas a través de los grupos relativas a las potestades de los funcionarios y a la evaluación del desempeño, entre otros aspectos.

Hace aproximadamente un año las tres centrales sindicales alcanzaron un acuerdo con el Gobierno andaluz sobre el anteproyecto de la ley de función pública, que decayó en el Parlamento al adelantarse las elecciones a junio, aunque el gobierno del PP lo retomó nada más iniciarse la legislatura y lo aprobó en Consejo de Gobierno el pasado mes de septiembre.

Este proyecto de ley, que actualiza el que data de 1985, afecta a más de 439.000 empleados públicos andaluces,

CSIF, CCOO y UGT sostienen que la Junta debe negociar el reglamento

de los que 270.000 son del ámbito de la comunidad autónoma y el resto de los ayuntamientos y las universidades, según datos del boletín del personal de las administraciones públicas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Andalucía (CSIF-A), que suscribió el acuerdo en la mesa general de negociación, plantea que el trámite parlamentario “apuntale un texto más clarificador de las potestades públicas” y en que la futura norma mejore con su paso por la Cámara para lograr la “despolitización real de la Administración”.

Comisiones Obreras, también firmante del pacto, plantea anular el añadido que “unilateralmente se agregó al artículo 61 sobre la evaluación del desempeño” y que la clasificación profesional sea de aplicación al personal estatutario.

También sostiene que el desarrollo reglamentario debe surgir del diálogo con las organizaciones sindicales “dando una segunda vuelta a la negociación”.