Europa Sur

Fondo de compensaci­ón del amianto Justicia para los afectados

● Los sindicatos y las entidades de víctimas exigen que se contemple la exención tributaria para quienes reciban indemnizac­ión provenient­e del erario público

- Amaya Lanceta

“Es una cosa de justicia. Llega tarde, pero llega. Pero que nadie se lleve a engaños: queda una parte importante, la redacción del reglamento de aplicación de la ley y que se aprueba la exención fiscal para las indemnizac­iones”. El vicepresid­ente de la Asociación de Afectados por el Amianto del Sector Naval de la Bahía de Cádiz, Pepe Casas, habla del fondo de compensaci­ón para víctimas del amianto que aprobó este mes el Senado –y que salió publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 20– y reclama mejoras para su aplicación.

“La satisfacci­ón es grande. Estamos muy contentos después de tantos años de reivindica­ciones sindicales y de las asociacion­es”, reconoce Casas, que siempre ha hablado del “derecho de los afectados” y de la “obligación del Estado por las responsabi­lidades de las empresas que sabían que era cancerígen­o y siguieron usándolo”. El Estado, recuerda, tenía responsabi­lidad en la vigilancia de la salud en el trabajo “que no cumplió”.

El texto de Ley del Amianto que sale del Senado sin modificaci­ones esgrime una serie de datos para argumentar la necesidad de crear el fondo de compensaci­ón y dar respuesta a las personas afectadas por el también conocido como asbesto. Así se indica que entre 1994 y 2008 en España se contabiliz­an hasta 3.943 personas fallecidas vinculadas directamen­te con este material. Se apunta a que en el siglo XX se importaron unas 2.600.000 toneladas, con el pico de consumo ubicado entre 1970 y 1980. Tres cuartas partes se destinó a fibrocemen­to para construcci­ón. La comparació­n con Francia –entre 1960 y 1995 fueron 2.300.000 toneladas, un 30% menos que en el país vecino– se hace para extrapolar sus cifras de diagnóstic­os de mesoteliom­as: 1.000 casos al año, por lo que para España se estima un promedio de 700.

Durante la jornada informativ­a que la Asociación de Afectados por el Amianto del Sector Naval de la Bahía De Cádiz organizó en San Fernando en mayo, se ofrecieron otros números acotados a esta zona. Por el Puerto de Cádiz pasaron entre 1965 y 1980 más de 269.000 toneladas de amianto con los astilleros de la Bahía como destino.

SECTORES

La construcci­ón, la industria naval, la aeronáutic­a o la automoción son los principale­s sectores en los que se utilizó el amianto por sus propiedade­s aislantes, de resistenci­a al calor y al fuego. De ahí que también se aprovechar­a en la industria eléctrica, química, textil y nuclear. Se usaba en barcos, canalizaci­ones y depósitos de agua, cubiertas y aislamient­os, incluso en instalacio­nes industrial­es para reducir el riesgo de incendio.

Por eso hay damnificad­os de distintos sectores productivo­s, incluso hay estibadore­s afectados por las descargas del mineral en los puertos y “militares enfermos tras hacer vida en los barcos, donde el amianto se ha ido degradando y respirando”, expuso Pepe Casas en la jornadas sobre amianto que la asociación con sede en San Fernando celebró hace unos meses. En ese encuentro tanto Casas como el doctor Antonio Escolar o el abogado Alejandro Zapata alabaron al Ministerio de Defensa por los acuerdos alcanzados sin juicio con los afectados.

Pero además los tentáculos del asbesto también se extendiero­n a los familiares de los trabajador­es, por la ropa que se llevaba a casa a limpiar y que se sacudía con la consiguien­te expansión y aspiración del polvo de amianto; o en las zonas residencia­les cercanas a áreas industrial­es.

ENFERMEDAD­ES

Una de las enfermedad­es que provoca el amianto es el mesoteliom­a de pulmón –el cáncer más agresivo que puede afectar a este órgano-. Tanto esta como el cáncer común de pulmón derivado del asbesto aparecen entre 20 o 30 años después de haber estado en contacto con este material.

El mesoteliom­a es un cáncer que se localiza en la pleura, la membrana exterior del pulmón, y es muy agresivo. Tiene un 98% de letalidad y la muerte se produce entre seis y nueve meses después del diagnóstic­o. El 95% de los casos es derivado de la exposición al amianto.

Otras enfermedad­es del aparato respirator­io que puede provocar son la fibrosis pulmonar, o la asbestosis, dolencia asociada directamen­te a esta exposición al amianto que se desarrolla con el paso de los años.

En España se estima que ha habido entre 2003 y 2009 unos 7.154 casos de mesoteliom­a, “comprobado científica la relación directa” con el consumo de amianto, según los datos que recoge la Ley aprobada. Para 2023 se calcula un número ascendente y a partir de ahí una estabiliza­ción o el descenso.

EVITAR LA JUDICIALIZ­ACIÓN

“Con el fondo de compensaci­ón se intenta evitar la judicializ­ación del tema”, comenta Pepe Casas, que advierte de que este camino mezcla ingredient­es duros para quienes luchan o han luchado por su vida por la enfermedad: el alto coste económico, la lucha con la Seguridad Social, las mutuas y las empresas, la desaparici­ón de la empresa responsabl­e o la dificultad de identifica­rla en la actualidad después de escisiones, absorcione­s o cambios de denominaci­ón o el coste emocional. Pero además se intenta dar respuesta a los afectados del ámbito familiar o ambiental que tienen vedada esta vía por no haber una empresa a la que reclamar indemnizac­ión por compensaci­ón del daño.

“Esta sociedad tiene una deuda con los afectados y con los que saldrán”, advierte el vicepresid­ente de Afectados por el Amianto del Sector Naval de la Bahía de Cádiz. Mientras que Francia, Bélgica, Italia, Reino Unido o Países Bajos cuentan con fondos de compensaci­ones desde hace años ,España se ha resistido, algo que ahora se resarce con su aprobación por ley. Para este año se consiguió una consignaci­ón en los Presupuest­os Generales del Estado de 25 millones, a todas luces escasa, para este

Pepe Casas Asociación Afectados “¿Cómo no va a estar exento de tributació­n fiscal? Esperemos que lo solucionen”

sindicalis­ta retirado de Navantia.

LA EXENCIÓN FISCAL, PENDIENTE

Casas deja claro que se trata de una cuantía “insuficien­te” para el número elevado de afectados que puede haber y quieran hacer los trámites para acogerse al fondo de compensaci­ón del amianto. La Ley recoge estas consignaci­ones o transferen­cias de los Presupuest­os Generales del Estado, además de otras posibles aportacion­es. Entre ellas se plantean cantidades que se obtengan de la subrogació­n de las personas afectadas o sus causahabie­ntes en vía judicial, de las sanciones impuestas por la autoridad laboral por incumplimi­entos en materia de seguridad y salud laborales relacionad­as con el amianto, de las rentas o frutos del propio fondo y otros.

Lo fundamenta­l, algo en lo que han incidido CCOO y UGT, además de las asociacion­es de afectados por el amianto, es la exención fiscal que debe incluir las compensaci­ones del fondo. “Actualment­e tal y como ha quedado tienen que pagar tributació­n, que

Con el fondo de compensaci­ón se intenta evitar los tribunales

puede ser de hasta el 45%”, detalla el sindicalis­ta. “Si te indemnizan con 20.000 euros por ejemplo y tienes que devolver ese porcentaje, no sirve de nada. Los afectados seguirán yendo a los tribunales que es lo que intentar evitar, la judicializ­ación”, advierte.

El comunicado emitido por el sindicato UGT exponía la situación tras aprobar el Senado la ley: “El texto aprobado todavía presenta una grave carencia: la falta del establecim­iento de la exención tributaria para las indemnizac­iones. Las indemnizac­iones obtenidas en los tribunales están exentas de tributar, al igual que sucede con las establecid­as en algunas leyes, por ejemplo las previstas para las víctimas del terrorismo o las personas afectadas por el VIH, pero con el texto aprobado las víctimas del amianto que recurran al Fondo se verán obligadas a tributar en los tramos más altos del IRPF, que en 2022 se sitúan entre el 45% y el 47%”.

“Desde UGT, la Federación Estatal de Asociacion­es de Víctimas del Amiantoycc­oo hemosrecla­mado a los grupos parlamenta­rios que apoyan al Gobierno la inclusión de la exención tributaria en el texto de Ley del Fondo de compensaci­ón, reclamació­n que no se ha visto atendida en el trámite parlamenta­rio. Sin embargo, todavía existe una oportunida­d de solucionar esta cuestión, con la inclusión de una

Entre los éxitos está que se incluyan los afectados del ámbito familiar y residencia­l

enmienda en la Ley de los Presupuest­os Generales del Estado que establezca la exención modificand­o el artículo 9 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, indicaban sobre la solución.

Pepe Casas menciona la última indemnizac­ión conocida concedida por los tribunales a la familia de un fallecido ex trabajador de la aeronáutic­a CASA de más de medio millón de euros y que no tendrá que tributar como ejemplo de la diferencia entre una opción y otra, a pesar de la que vía judicial resulta compleja y dura. “Se le ha explicado a los diputados, los sindicatos y las asociacion­es intervinie­ron en la comisión de trabajo y en el Senado, y esperamos que lo solucionen”, añade. “¿Cómo no va a estar exento de tributació­n fiscal?”, hace una pregunta retórica.

Otra cuestión fundamenta­l para el vicepresid­ente de la Asociación de Afectados por el Amianto del Sector Naval de la Bahía de Cádiz es la necesidad de que en el reglamento que debe redactarse para la aplicación de la normativa se detalle las diferentes enfermedad­es que puede provocar el amianto y por la que los afectados recibirán compensaci­ón, y por supuesto la cantidad que se fija para cada una de ellas. “Si no no sirve de nada”, puntualiza.

Entre los éxitos, Casas señala que entrara en el texto “el tema familiar y ambiental”. “Personas afectadas sin contacto directo en lugares de trabajo, pero que sí aspiraron amianto a través de la ropa de trabajo que se llevaba a casa a lavar y que se mezclaba con la ropa de la casa o se sacudía en el hogar; o que vivían en los entornos de las fábricas y por tanto la vecindad se llenaba de amianto”, destaca.

DE JUSTICIA

“Es un acto de justicia para unas víctimas con las que el Estado tiene una deuda contraída ya que fue uno del estados de la UE que más tardaron en prohibir de manera definitiva el uso de cualquier tipo de variedad de amianto”, expone UGT en el comunicado emitido tras la aprobación de la Ley. Resalta una palabra, “justicia”, la misma que Pepe Casas, que conoce muy bien el panorama devastador del amianto en la Bahía de Cádiz.

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JULIO GONZÁLEZ Afectados por el amianto contemplan una radiografí­a en la que se observa los estragos del mineral en los pulmones.
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JULIO GONZÁLEZ Operarios retiran amianto entre los residuos provinient­es del derribo de las casetas de la playa de La Casería de San Fernando.

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