El límite entre la libertad y la ofensa
● Los insultos y las descalificaciones vividas esta semana en el Congreso abren el debate sobre la capacidad punitiva del reglamento de esta Cámara
Los insultos y las descalificaciones que se han vivido esta semana en el Congreso, y el temor a que se normalicen, han abierto un debate para ver cómo atajarlos y cómo aplicar un reglamento que para algunos peca de poco punitivo en aras de proteger el derecho sagrado a la libertad de expresión.
El límite entre el derecho de los diputados para expresarse y discutir en el hemiciclo más o menos acaloradamente y el agravio y la ofensa personal al otro parece no quedar claro en una norma que fue objeto de 14 reformas parciales.
Los insultos vertidos por la diputada de Vox Carla Toscano a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que llegó a acusar de dirigir un ministerio de “obsesos sexuales” y de ser “libertadora de violadores”, han colmado la paciencia de muchos diputados que piden tomar cartas en el asunto y respuestas más contundentes. “Y si hay que llamar a la Policía se llama”, se ha oído esta semana en los pasillos del Congreso por parte de algún diputado de izquierdas que aboga por medidas que frenen estas actitudes, que han ido cada vez a más en un Congreso muy polarizado.
EL REGLAMENTO
El reglamento de la Cámara señala los derechos y deberes de los diputados, así como las funciones de la presidencia del Congreso “para mantener el orden y el decoro en los debates”, pero deja abierta la aplicación de sanciones, que en todo caso llegan a la expulsión del hemiciclo o a la prohibición de asistir a uno o dos plenos.
La suspensión temporal de la condición de diputado sólo se contempla cuando el parlamentario deja de asistir a los plenos de forma reiterada, quebranta el secreto que afecta a la seguridad del Estado o porta armas, entre otros.
Los insultos, injurias o difamaciones quedan a la discreción de la presidencia de la Cámara que, según el artículo 32 del reglamento, debe asegurar la buena marcha de los trabajos, dirigir los debates y mantener el orden de los mismos.
“Corresponde al presidente cumplir y hacer cumplir el reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión”, señala la norma.
La presidencia de la Mesa puede llamar a la cuestión a los oradores y retirarle la palabra si a la tercera llamada en una misma intervención no le hace caso. Incluso puede expulsarles de la sesión.
“Los diputados y los oradores serán llamados al orden cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o a sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad”, recuerda el artículo 103 del reglamento, que también dice que la llamada al orden puede ser cuando los discursos interfieran en “la buena marcha de las deliberaciones” o cuando “con interrupciones o de cualquier otra forma alteraren el orden de las sesiones”.
Diputados procedentes de partidos nacionalistas inciden a Efe en que estos días “se han excedido todos los límites” y dirigen su mirada hacia la Mesa del Congreso, para que sea “más contundente”.
Desde el Gobierno la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abogado por “repensar” el reglamento que “no contiene elementos suficientes para cuando hay faltas de respeto manifiestas”, aunque no es tarea fácil –dice– porque “no se puede incorporar un criterio subjetivo que coarte la libertad de expresión”.
Entretanto, Unidas Podemos trabaja en un escrito para erradicar la “violencia política” en la Cámara y busca la colaboración de los grupos parlamentarios.
DEBATES HISTÓRICOS
En el pleno se han producido arduos debates que van desde peleas físicas durante la II República hasta momentos como cuando el diputado de Amaiur Sabino Cuadra arrancó en 2015 varias páginas de un ejemplar de la Constitución.
“Desconfíe de los consejos de aquellos que tienen manchado su pasado de cal viva”, le espetó el ex líder de Podemos Pablo Iglesias a Pedro Sánchez estando el PSOE en la oposición, en un hemiciclo que también ha sido escenario de duros rifirrafes entre el PP y Bildu.
“Vosotros nos matabais a nosotros”, le llegó a decir el ex presidente del PP Pablo Casado a la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, cuando la diputada
denunció durante el debate de investidura de Sánchez que Arnaldo Otegi había estado “más de seis injustos años en prisión”.
Las expulsiones han sido contadas. En 2013, el diputado de ERC Joan Tardá tuvo que abandonar el pleno porque no cesó en su intento de pronunciar su discurso en catalán. Quizás la más sonada fue la del popular Vicente Martínez Pujalte tras increpar al ex ministro de Defensa José Antonio Alonso al preguntarle si le iba a detener por el llamado caso Bono.