PSOE y PP anticipan en los juzgados el pulso de las municipales de Algeciras
● Los socialistas tramitan una denuncia por la adjudicación de la grúa ● El gobierno local abrirá un proceso por injurias hacia el alcalde
El primer pulso de la campaña electoral en Algeciras se dirimirá en los juzgados. El PSOE y el PP llevan al ámbito judicial parte de la actividad municipal con sendos frentes abiertos a menos de medio año para que se celebren las próximas elecciones.
Los socialistas anunciaron ayer que iniciarán acciones legales para que la justicia decida si se está produciendo un presunto caso de malversación en la concesión del servicio de la grúa municipal. Así lo anunció en rueda de prensa la secretaria general de los socialistas algecireños, Rocío Arrabal.
Según expuso, el servicio de grúa –cuya concesión expiró en 2019– fue otorgado el pasado 11 de mayo de 2022 a una empresa constituida apenas un mes antes y mediante un contrato por emergencia, por decreto de Alcaldía. Algo que no se corresponde en estos casos y que “se salta el expediente necesario”, según los socialistas.
“Para que un contrato de servicios pueda adjudicarse por emergencia tiene que concurrir alguno de los supuestos que taxativamente establece la
Ley y, en este caso, no se da ninguno de ellos”, según Arrabal, quien se preguntó también “por qué se establece un canon de 0 euros cuando la grúa nos cobra un dinero por llevarse nuestro coche y, por tanto, tiene que pagar un canon por ese beneficio económico, obtenido de dinero público y que debe revertir a la ciudadanía”.
Arrabal cuestionó igualmente que no aparezca el informe económico del interventor y recordó que “el estudio de viabilidad económica no solo es obligatorio, sino también vinculante”.
La secretaria general del PSOE algecireño, que se preguntó igualmente qué pasó con este servicio entre los años 2019 y 2022, aclaró que la concesión por decreto se produce después de que el actual equipo de gobierno municipal aprobara un pliego que fue declarado desierto el 4 de abril de 2022.
El PSOE de Algeciras lamenta que “al adjudicarse este servicio por procedimiento de emergencia el pasado mes de mayo se produce un menoscabo patrimonial, porque ni se establece canon, ni tasa de depósito”, además de que “hay un cambio en las condiciones en las que se hace el contrato, y no hay igualdad, ni libre concurrencia entre empresas”.
“¿Cuántos metros tiene la parcela actual? ¿Quién la proporciona?”, se ha preguntado también Rocío Arrabal ante los medios de comunicación, tras señalar que el pliego sacado a concurso, y que quedó desierto en mayo, tenía unas exigencias que no aparecen luego en la adjudicación por decreto de Alcaldía.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras, por su parte, prevé iniciar acciones legales contra la secretaria general del PSOE local –Rocío Arrabal– y el secretario de organización y portavoz del grupo municipal, Fran Fernández, por las acusaciones de prevaricación continuada contra el alcalde a cuenta del contrato con la empresa Grancruz para un servicio de vigilancia.
Las afirmaciones se efectuaron en una rueda de prensa el pasado 8 de noviembre en la que ambos dirigentes socialistas anunciaron el traslado de documentación al TSJA para que investigase presuntas irregularidades consistentes en “trocear” el contrato para adjudicarlo al margen del procedimiento establecido.
El documento pasó el lunes por la Junta de Gobierno
Local y se expondrá el 5 de diciembre en el pleno ordinario de la Corporación municipal para presentar la denuncia.
El acuerdo adoptado por la junta de gobierno local establece textualmente “elevar al próximo pleno autorización para interponer las acciones legales que correspondan, incluidas las de naturaleza penal, a fin de depurar el presunto delito de calumnia y cualquier otro ilícito penal que pudiera derivarse de la investigación de los hechos, así como exigir las responsabilidades civiles a que hubiera lugar en derecho en la que los mencionados pudieran haber incurrido como consecuencia de dichas manifestaciones públicas”, informó el Ayuntamiento.
Para el PSOE, “en ningún momento hemos trasladado o denunciado ninguna mentira”. “Lo que hicimos desde el PSOE fue denunciar públicamente, y llevar ante la Fiscalía, las presuntas irregularidades que se puedan haber cometido por no haber realizado un contrato único con dicha empresa. ¿Garancruz prestó el servicio de vigilancia de edificios municipales? Sí. ¿Con un contrato de 45 días y prestó el servicio durante cerca de un año? Sí. ¿Prestó el servicio en diferentes dependencias municipales? Sí”, se reiteró Arrabal. Los socialistas dijeron estar tranquilos y que no se dejarán “amedrentar ni condicionar” en cuanto a su labor de fiscalización municipal.
Arrabal sostiene que la retirada de vehículos se hizo por un proceso no ajustado a derecho