Unos nombramientos que agravan el problema
LA designación por parte del Gobierno de los dos magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional viene a ahondar en el grave conflicto que mantienen el PSOE y el PP por la renovación de esta institución y la del Consejo General del Poder Judicial. En esta ocasión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido ni moderar las formas, sino que ha escogido a dos colaboradores anteriores, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y una ex directora con funciones en Moncloa, Laura Díaz. Sin que pongamos en duda la preparación de estas dos personas, un juez y una catedrática de Derecho Constitucional, entendemos que Sánchez ha forzado la renovación de una institución que debería estar apartada de la lucha entre partidos. El Constitucional no es un órgano jurídico y es razonable que haya interpretaciones diferentes sobre la constitucionalidad de las leyes, pero con estos nombramientos se fomentan las recusaciones de sus miembros y se pone en duda la independencia de la institución. Desgraciadamente, esto no es nuevo, el PP también ha actuado de este modo en varias ocasiones. No obstante, creemos que el CGPJ debe cumplir con su
Pedro Sánchez ha forzado la renovación de un órgano, el Tribunal Constitucional, que no puede ser el reflejo de la lucha partidista
obligación de nombrar a los otros dos vocales que le corresponden en el Tribunal Constitucional. Si no lo hiciese, no sólo profundizaría en su propia crisis, sino que abriría un más que probable conflicto entre poderes, legítimos, del Estado. Y lo que es peor, PSOE y PP mostrarían ante la opinión pública un empeño mayúsculo por partidizar las instituciones relacionadas con la Justicia. El CGPJ ya ha pospuesto su decisión desde el mes de septiembre. Ahora, tiene convocada una reunión el 22 de diciembre para elegir a sus magistrados. Si no fuese así, transmitiría de modo deliberado su parálisis al órgano constitucional. Por ello, desde las instituciones europeas se ha vuelto a insistir en la necesidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces.