Tímida huelga en Irán en medio del anuncio de próximas ejecuciones Sudán se acerca a la democracia tras un acuerdo entre civiles y militares
● Activistas llaman al cierre de comercios pero la gran mayoría abre sus puertas
Algunos comercios cerraron ayer en apoyo a una tímida huelga en Irán, donde una gran mayoría de establecimientos abrieron sus puertas, en medio del anuncio de la Justicia iraní de que comenzarán “pronto” las ejecuciones de presos condenados por manifestarse.
Irán vive protestas desde la muerte, el 16 de septiembre, de Mahsa Amini, tras ser detenida tres días antes por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, manifestaciones que están siendo duramente reprimidas por la fuerzas de seguridad.
En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos 2.000 han sido acusadas de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, de las que seis han sido condenadas a muerte.
Activistas iraníes llamaron a protestar en los próximos tres días con movilizaciones y huelgas, pero el seguimiento al cierre de negocios fue ayer limitado y menor que en ocasiones pasadas.
En buena parte de Teherán era un día normal, más allá de la primera nevada de la temporada, aunque el colectivo de activistas 1500tasvir afirmó que en zonas como el Gran Bazar de la capital sí había comercios cerrados, algo que Efe no pudo confirmar.
1500tasvir mostró vídeos de comercios cerrados en diversas ciudades, además del propio Teherán, como Isfahan, Karaj o Shiraz.
Medios como Fars, con lazos con la Guardia Revolucionaria, aseguraron que los bazares en diferentes ciudades del país estaban abiertos y la gente está comprando.
El jefe del Poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, acusó a los manifestantes de “amenazar” a los comerciantes para que cerrasen sus negocios y llamó a tomar medidas contra ellos.
Ejei además anunció que “algunas” de las sentencias a muerte de manifestantes condenados por “corrupción sobre la tierra” y “guerra contra Dios” han sido “confirmadas” por instancias superiores. Las condenas “se aplicarán pronto”, dijo Ejei durante un discurso en la reunión del Consejo Supremo del Poder Judicial, recogió por el diario reformista Shargh.
Los seis condenados a muerte hasta ahora estaban acusados de “guerra contra Dios” y de “corrupción en la tierra”, conceptos que engloban una serie de delitos contra el islam y la seguridad pública.
Las autoridades judiciales han acusado a más de 2.000 personas de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, en las que se pide el fin de la República Islámica, de las cuales al menos 21 podrían ser condenadas a muerte.
El nuevo llamamiento a protestar llega en medio de la confusión
En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas
El país alcanza un pacto para poner fin al golpe militar del año pasado
por el presunto desmantelamiento de la temida Policía de la Moral, con medios conservadores que niegan que sea así, activistas que ven con escepticismo la medida y el cuerpo policial que prefiere mantener el silencio.
Durante una rueda de prensa, un periodista preguntó al fiscal general del país, Mohamad Yafar Montazerí, por la ausencia en las calles de la policía de la moral y el político respondió que ese cuerpo “no tiene nada que ver con el poder judicial y fue suprimido por los que lo crearon”.
Esa frase fue interpretada como un anuncio del desmantelamiento de la policía de la moral, cuerpo que vigila desde 2005 que las mujeres cumplan con el estricto código de vestimenta impuesto por la República Islámica.
Pero poco después la televisión estatal Alalam aclaró que se habían malinterpretado las declaraciones de Montazerí, quien, según su versión, solo dijo que la gestión de este cuerpo no depende del Poder Judicial.
Para tratar de aclarar la situación, el diario reformista Shargh se puso en contacto con el director de Relaciones Públicas de la Policía de Teherán, el coronel Sabahi, pero no obtuvo una respuesta al respecto.
Sudán dio ayer un paso para volver a la senda democrática con la firma de un acuerdo marco entre civiles y los militares que gobiernan el país africano tras el golpe de Estado de 2021, un acontecimiento que sumió a la nación en una acuciante crisis política y exacerbó sus graves problemas económicos.
Tras meses de negociaciones mediadas por la ONU y otros organismos regionales, la principal alianza de partidos opositores, Fuerzas de la Libertad y el Cambio –que fue expulsada del Gobierno civil en la asonada–, ha sellado un acuerdo de principios con los militares para sentar las bases sobre una inminente vuelta a la democracia.
Sudán ya experimentó un breve periodo democrático tras el derrocamiento del ex dictador Omar al Bashir en 2019 en la llamada revolución sudanesa, que culminó con la formación de un Gobierno de transición encargado de convocar elecciones generales, un proceso que fue sepultado por el golpe de Estado.
El acuerdo alcanzado no es una garantía de que la crisis política finalice en Sudán, pero sí una manifestación oficial de que los diferentes actores sudaneses, especialmente el Ejército, están comprometidos con llegar a una solución.