Una oportunidad para la vivienda
● Las municipales son una excelente ocasión para que los partidos expongan sus propuestas ● Facilitar desde lo público el acceso es una cuestión de sentido común
DA gusto pasear por las calles de nuestros municipios y ver esos pasos de cebra recién pintados, esas fuentes públicas llenas de agua y esos macetones –aunque sean de plástico feo– con flores de colores perlando las aceras. Nada como unas elecciones municipales para que los alcaldes saquen cuadrillas de barrenderos y arreglen también los baches en los que nos hemos dejado ruedas y amortiguadores durante los años anteriores. La política de escaparate es cortoplacista, pero tremendamente rentable porque tendemos a depositar el voto con la mente ocupada por la última imagen captada por nuestra retina y por las expectativas generadas durante la campaña.
Obviamente, el 28 de mayo nos jugamos mucho más que la calidad y número de exornos existentes por metro cuadrado. Esa es una cuestión pasajera e intrascendente. Cosa bien distinta son las finanzas municipales, por ejemplo y porque de ellas penden todas las políticas que se desarrollan desde todas las áreas de los consistorios, o el urbanismo, clave de bóveda sobre la que reposa la definición de las ciudades y pueblos y que determina su evolución de estos en todos los ámbitos. Que podamos pasear sosegadamente, que el tráfico de vehículos sea fluido o que contemos con colegios y centros de salud a mano depende, básicamente, del trazo de un lápiz marcado en un plan urbanístico. No es cosa de echar a freír un huevo. También depende de ello la política de vivienda, aunque a algunos de nuestros alcaldes se les haya olvidado esa competencia con tanta preocupación por repartir pulseritas de colores. Que toque la banda municipal.
Hubo tiempos en los que contábamos con ministerios y consejerías dedicados en exclusiva a la política de vivienda, con planes regionales y territoriales de ordenación para garantizar la construcción de VPO en régimen de compra y alquiler, con deducciones en el IRPF y hasta con cajas de ahorros andaluzas compitiendo entre sí como grandes prestadoras de dinero para la adquisición de inmuebles... Hasta que, en manos de los políticos, desaparecieron del mapa. Eso fue hasta anteayer, como aquel que dice, en términos históricos.
Al boom del ladrillo de comienzos de siglo sucedió el fiasco de la crisis y, desde entonces, poco o nada se ha hecho de forma destacada desde lo público para anticiparse al drama de miles de familias, obligadas a dejarse más de un tercio de sus ingresos en la compra o el alquiler de las paredes que les albergan. Las leyes del mercado han dejado también en la cuneta a muchos jóvenes y no tanto, sin capacidad para emanciparse, y a muchos trabajadores que, queriendo trabajar, no pueden hacerlo porque allí donde hay empleo no existe una oferta de alquiler de viviendas asequibles o medianamente decentes.
Hace años que en el organigrama del Gobierno de España desapareció la cartera de vivienda, seguramente por estar las competencias en la materia cedidas a las comunidades. No obstante, acaba de anunciar la aprobación de una ley para, a grandes rasgos, controlar los precios de los alquileres. La aplicación de la norma dependerá en buena medida del desarrollo que de ella haga cada autonomía.
En cuanto a los ayuntamientos, ahora que vienen las elecciones, es hora de recordarles que, además de tener en sus manos la llave del urbanismo en sus términos municipales, son grandes tenedores de bolsas de suelo que deben ser puestas en carga para la construcción de equipamientos o de VPO, bien de forma directa o de la mano de la iniciativa privada. Facilitar desde lo público el acceso a la vivienda no es una cuestión de derechas o de izquierdas, sino de responsabilidad y sentido común.