El Gobierno francés acuerda dotar a Córcega de un Estatuto de Autonomía
El ministro del Interior insiste en que este pacto respeta las líneas rojas fijadas por Macron
El Gobierno francés ha llegado a un acuerdo con los representantes de Córcega para dotar a la isla de un Estatuto de Autonomía que asentará su especificidad y le dotará de una serie de capacidades legislativas, y cuyo principio quedará inscrito en la Constitución.
El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, que ha dirigido las negociaciones por parte del Ejecutivo de Emmanuel Macron, insistió al presentar el compromiso a la prensa, en la madrugada de ayer, que “respeta las líneas rojas” que había fijado el presidente de la República y él mismo.
Eso significa que no se reconoce la existencia de un pueblo corso, sino de una “comunidad cultural” y queda descartada la creación de un “estatuto de residente” en la isla como querían algunos representantes corsos para que, por ejemplo sólo ellos pudieran acceder a ciertas propiedades allí, y no el resto de franceses.
Según Darmanin, es un avance “hacia la autonomía” y “no hay separación de Córcega de la República”.
El texto de compromiso ha sido rubricado en particular por la mayoría nacionalista de la Asamblea de Córcega, incluido el presidente del Ejecutivo, el autonomista Gilles Simeoni.
En él se indica que el objetivo de la reforma de la Constitución francesa será “el reconocimiento de un estatuto de autonomía para Córcega dentro de la República que tiene en cuenta sus intereses propios vinculados a su insularidad mediterránea, a su comunidad histórica, lingüística, cultural que ha desarrollado una relación singular con su tierra”
Darmanin añadió que ese estatuto de autonomía dará “un poder de adaptación de las normas legislativas o reglamentarias nacionales” francesas en las condiciones fijadas por una ley orgánica.
Sobre todo, además de ese poder de adaptación, Córcega tendrá “un poder normativo propio”, legislativo o reglamentario, sobre una serie de competencias que no estarán especificadas en la Constitución, sino de nuevo en una ley orgánica que las definirá.
Las normas que aprueben el legislativo o el ejecutivo corso tendrán que respetar “las libertades públicas fundamentales” galas y su Constitución y será controlado por un dispositivo en el que entrarán en juego el Consejo de Estado y el Consejo Constitucional.
Este proyecto de estatuto de autonomía será objeto de consulta para los electores corsos, para que se pronuncien.