El ‘impuestazo’ desata la batalla legal

Los asesores jurídicos de las empresas energéticas y de los bancos no han tenido un momento de respiro desde el jueves, cuando el Gobierno anunció controvertidos impuestos a ambos sectores bajo la fórmula legal de “prestación pública patrimonial no tributaria”. La polémica medida abrirá, con toda seguridad, una batalla legal de consecuencias aún imprevisibles de la que ya han advertido los principales directivos de las empresas afectadas. Los nuevos tributos se discutirán en los tribunales en cuanto la proposición del Gobierno se convierta en ley, un proceso que se espera que culmine antes de que acabe el año puesto que Hacienda pretende comenzar a cobrarlos en febrero de 2023. Muy probablemente, la decisión del equipo de Sánchez se discutirá largamente en los tribunales con sentencias que serán después recurridas, prolongando la pugna durante años. Expertos legales consultados por EXPANSIÓN consideran que los nuevos tributos son muy debatibles puesto que pueden suponer una doble imposición y su finalidad podría considerarse meramente confiscatoria. Más allá de la pugna legal, el impuestazo de Sánchez añade dos negras sombras sobre el panorama español. Por un lado, devuelve el fantasma de la inseguridad jurídica y sus perniciosos efectos sobre las inversiones extranjeras, en un momento en el que se está revisando a la baja de manera constante el PIB previsto para los próximos ejercicios. Por otro, pone de nuevo en la diana a las grandes empresas, que el Gobierno debería estimular para favorecer la economía y el empleo, en lugar de señalar como cabezas de turco.