La Justicia obliga a la Agencia Tributaria a revelar su sistema de bonus e incentivos para inspectores

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid exige a la Agencia Tributaria que revele el sistema retributivo de los inspectores de Hacienda. El fallo obliga a la administarción tributaria a informar del modelo de incentivos que tienen estos funcionarios.

La sentencia reconoce el derecho de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) a que la Agencia Tributaria proporcione la información pertinente sobre las normas reguladoras del

“complemento de productividad” del cuerpo superior de Inspectores de Hacienda y de técnicos de Hacienda. La presidenta de la Aedaf, Stella Raventós, subraya que “la transparencia que se exige a los contribuyentes debe ser correspondida por la Administración”. A su juicio, “esta sentencia es un paso adelante, muy importante, aunque aún quedan otros muchos que dar en esa dirección”.

La ley de creación de la Agencia Tributaria establece que ésta se financie parcialmente con un porcentaje derivado de su propia recaudación. Tal porcentaje se fija cada año por la Ley de Presupuestos. Por su parte, la Ley 28/2006 regula la llamada “gestión transparente por objetivos” de las agencias estatales, objetivos a los que va ligada la masa salarial destinada al complemento de productividad del personal, en este caso de la Agencia Tributaria. La Dirección General de la Agencia fija anualmente los objetivos a alcanzar, sin embargo, no publica los criterios de distribución de dicha masa salarial.

Además, dicha retribución variable no se ve afectada si, posteriormente, las actuaciones de la Agencia Tributaria tomadas como base para su cálculo, son anuladas o minoradas, ya sea en vía administrativa o judicial.

Fuentes de la Aedaf destacan que se trata de una práctica muy poco común en las administraciones tributarias de otros países del entorno. “Canadá es uno de los pocos que aplica este tipo de incentivos, que han sido duramente cuestionados puesto que, en palabras de académicos de prestigio, su existencia podría, en ciertos casos, condicionar la imparcialidad de los funcionarios, incluso inconscientemente”, señalan.

A principios de año, los asesores fiscales solicitaron a la Dirección General de la Agencia la publicación de los criterios utilizados para el reparto de las retribuciones variables, solicitud que no fue atendida. Ante el silencio administrativo, plantearon recurso ante un juzgado de lo contencioso administrativo, que ha sido estimado y obliga a hacer públicos los datos.