Las primeras ayudas del Perte Chip, en el primer semestre de 2023
Calviño se reúne con más de 50 compañías españolas del sector, a las que promete impulsar este proyecto estratégico, para el que se prevén 1.250 millones el año próximo.
En un escenario en el que los fondos de recuperación europeos siguen sin irrigar la economía real (se han acelerado las licitaciones, pero no las adjudicaciones) y algunos Pertes emblemáticos, como el del vehículo eléctrico, han quedado semidesiertos en su primera convocatoria (apenas se ha adjudicado el 30% del total), la implementación del Perte Chip, el más ambicioso del Gobierno y el más dotado económicamente, todavía se hará esperar unos meses. Será en el primer semestre del año que viene cuando se lancen las primeras convocatorias de ayudas. Así lo anunció ayer el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tras la reunión mantenida por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, con una nutrida representación de la industria nacional de microelectrónica y semiconductores: más de 50 compañías, centros de investigación y empresas públicas. “Está previsto que en el primer semestre de 2023, en el marco de ayudas de estado de la Unión Europea, se lancen las primeras convocatorias de ayudas”, señaló el Ministerio en un comunicado, en el que añadió que “previamente, en función de las necesidades, se pondrán en marcha consultas y manifestaciones de interés para acotar el ámbito de actuación”.
Es el primer gran encuentro que el Gobierno mantiene con la industria española de microelectrónica y semiconductores desde que se aprobó a finales del pasado mes de mayo el Perte Chip, dotado con 12.250 millones de euros de inversión pública hasta 2027, de los que el año próximo se movilizarán 1.250 millones (el 10%). De esa cifra, 800 millones corresponderán a un crédito que se otorgará a Semys, la empresa pública de la SEPI que gestiona el Perte Chip, mientras que los 450 millones restantes serán transferencias para ayudas a empresas, sociedades, entidades públicas, fundaciones y CCAA. Es decir, ese dinero se destinará al refuerzo del ecosistema nacional.
Hasta ahora, lo que ha hecho el Ejecutivo, a través del Comisionado Especial del Perte Chip, Jaime Martorell, presente en la reunión de ayer, ha sido sondear y conocer de primera mano ese ecosistema patrio, donde se hace diseño, pero no producción, que se concentra esencialmente en Asia y en mucha menor medida en EEUU. Precisamente, el gran desafío al que se enfrenta Europa es reducir su enorme dependencia de los chips procedentes del exterior, vitales no solo para la fabricación de coches, sino también de otros muchos dispositivos de uso cotidiano como móviles, tablets, ordenadores, impresoras, lavadoras o frigoríficos.
Bruselas presentó en febrero su Ley Europea de Chips, con la que busca duplicar el peso de Europa en la producción mundial de semiconductores, pasando del 10% al 20% de aquí a 2030, y pocos meses después el Gobierno español se subió al carro de esa oportunidad anunciando su Perte Chip, con el que aspira a jugar un papel relevante en el refuerzo de la soberanía tecnológica de la UE. El problema es que España parte con desventaja en esta carrera, porque, como señaló entonces en una entrevista con EXPANSIÓN la ministra de Industria y ahora también candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, “a diferencia del Perte de automoción o el agroalimentario, donde tenemos ecosistema industrial, aquí tenemos que crearlo”. Y para ello, para que España pueda convertirse en centro de producción, es fundamental intentar atraer a alguno de los grandes players internacionales del sector.
De momento, la estadounidense Cisco ha anunciado que instalará en Barcelona su primer centro europeo de chips de próxima generación, pero será un centro de diseño, no de fabricación. Con anterioridad, Intel anunció la creación de un laboratorio de diseño de microchips también en la Ciudad Condal, aunque en su caso previo al lanzamiento del Perte Chip. Ahora, el reto es lograr atraer a un gran jugador para dar el salto del diseño a la producción, uno de los principales objetivos del Perte.
Es el Perte más ambicioso del Gobierno, dotado con 12.250 millones hasta 2027