Actuar al unísono es clave contra la inflación

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó tras anunciar la última subida de los tipos de interés en la unión monetaria que la institución quiere calibrar bien el impacto del endurecimiento de su política monetaria antes de continuar drenando la liquidez. Porque pese a elevar en 200 puntos básicos el precio oficial del dinero en la zona euro, la inflación, lejos de moderarse, se ha acelerado durante los últimos meses. Preocupa sobre todo la marcha de la subyacente, que descuenta los elementos más volátiles como la energía y los alimentos no elaborados, cuyo ascenso imparable revela la permeabilidad de las presiones inflacionistas en la economía comunitaria. En vista de este fenómeno, crecen las voces autorizadas que advierten del impacto contraproducente que para el control de los precios están teniendo los estímulos fiscales aplicados por los diversos gobiernos europeos para amortiguar las consecuencias del bucle de precios para ciudadanos y empresas. El problema es que muchos de los programas de ayuda tienen un carácter general, sin discriminar por niveles de renta o incidencia real de la crisis energética, lo que en determinados casos está sirviendo para sostener el consumo y, con ello, retroalimentar la inflación. De ahí que organismos como el propio BCE, el Fondo Monetario Internacional o la OCDE hayan urgido a los países del euro a que limiten esos estímulos únicamente a las familias más vulnerables y a las compañías en dificultades. La persistencia del episodio inflacionario global, así como la prolongación de las causas externas que lo han provocado, hace si cabe más importante que las políticas fiscal y monetarias estén alineadas al máximo. Un reajuste necesario para evitar un endurecimiento más acelerado de la política monetaria en la zona euro que agrave la recesión hacia la que se encaminan la mayor parte de sus miembros. Pero también para que los gobiernos puedan disponer de margen presupuestario para hacer frente a las consecuencias de ese peor escenario que vaticina el consenso de los analistas. El fortísimo incremento del gasto público presupuestado por el Gobierno español para el próximo ejercicio con el fin evidente de sostener las opciones electorales de los partidos que lo sostienen, combinado con los elevados niveles de déficit y deuda pública que Pedro Sánchez quiere mantener al menos hasta el año 2025, aumenta la vulnerabilidad de nuestra economía frente a otro shock global.

Los gobiernos deben limitar sus estímulos para tener margen de actuación si se prolonga la crisis