¡Prohibido repercutir los impuestos!
Los nuevos impuestos que el Gobierno quiere cobrar a los bancos y a las empresas eléctricas no han sido recibidos con especial entusiasmo, como es lógico, por los afectados. Pero tampoco han sido bien valorados por la mayor parte de los economistas y analistas fiscales, que han señalado el poco sentido de esta medida, su inoportunidad en los momentos actuales y el hecho de que no está claro quién va soportar la carga tributaria que generen. De acuerdo con la teoría económica, poca duda cabe de que los nuevos impuestos serán trasladados parcialmente a los consumidores. Pero parece que un resultado tan evidente no gusta al Gobierno. Aunque éste lo negara al principio, ha tenido que aceptar finalmente que tal repercusión es posible. Y por ello la ministra de Gacienda salió a escena de inmediato para decir que aquí está ella para evitarlo. Cito literalmente una de sus frases a este respecto: “Se va a prohibir que las empresas repercutan ese gravamen en el precio final que soportan los ciudadanos”; y, para hacer efectiva tal norma, “se va a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de las funciones necesarias para que vigile y aplique las sanciones en caso de incumplimiento”. Y, en lo que se refiere al nuevo impuesto a la banca, será al Banco de España la institución que deba cooperar con el gobierno para impedir la repercusión.
La primera parte de la frase de la señora ministra es, simplemente, absurda. No se puede prohibir que una empresa, de cualquier sector, eleve sus precios, sea por un crecimiento de la demanda de sus productos o porque intente repercutir cualquier alza de costes que haya experimentado... a no ser, naturalmente, que el Gobierno pretenda controlar por decreto los precios de la electricidad, las comisiones bancarias y los tipos de interés que las entidades financieras cobran a sus clientes. Que las empresas afectadas trasladen o no una parte de la carga tributaria a sus clientes (o, no lo olvidemos, a sus trabajadores vía menores salarios o un nivel de empleo más reducido) no depende de lo que diga el Gobierno, sino de las condiciones del mercado; básicamente de la elasticidad de la demanda y del nivel de competencia en el sector.
Por otra parte, la idea de utilizar a la CNMC o al Banco de España en esta estrategia de prohibir trasladar los impuestos es un completo disparate; y supongo que quienes trabajan en estas instituciones no deben haberse recuperado aún de la impresión causada por la noticia. La CNMC tiene como objetivo garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos... así como velar por una regulación eficiente. Me pregunto cómo puede encajar en estos objetivos impedir que las empresas ajusten su estructura y sus precios a un nuevo tributo.
Perplejidad del BCE
En lo que al impuesto a la banca se refiere, no es sorprendente que el Banco Central Europeo, en su reciente informe “Opinión del BCE sobre el establecimiento de gravámenes temporales a determinadas instituciones de crédito” muestre también su perplejidad por tal pretensión de impedir por vía legal la repercusión de los nuevos impuestos. Además de criticar el hecho de que el impuesto a las instituciones financieras no se base en los beneficios de los bancos, sino en sus ingresos por intereses y comisiones al margen de cuáles sean los beneficios finales, el BCE señala lo siguiente. Primero, de acuerdo con las prácticas bancarias internacionales, espera que las instituciones de crédito europeas reflejen en sus precios todos los costes, incluidos los costes fiscales relevantes. Y “dadas las diferentes circunstancias que pueden causar un alza de precios en el actual contexto –subidas de tipos de interés, inflación o deterioros en primas de riesgo–, parece difícil saber si el impuesto temporal será repercutido a los clientes o no”. Y, segundo, “no está claro en qué debería consistir la cooperación del Banco de España... para evitar que estos impuestos temporales sean repercutidos a los clientes”.
Ignoraba hasta ahora cuáles podrían ser los conocimientos de Economía de la ministra de Hacienda; pero todo me indica que deben ser bastante limitados. Parece claro que, al margen de cualquier consideración técnica, el objetivo de estos tributos es contentar a cuantos piensan que los bancos y las empresas eléctricas son los malos de la película, sin preocuparse demasiado de sus costes en términos de eficiencia, ni de sus repercusiones en el funcionamiento del sector eléctrico y del sector financiero. Y para ello no le importa al Gobierno ignorar ideas tan básicas en economía como la diferencia entre la incidencia legal de un impuesto –quién es el sujeto obligado a realizar el pago– y la incidencia real –quién soporta finalmente la carga del impuesto–. Por otra parte, en el intento de evitar la traslación parcial de los nuevos tributos se implica a instituciones como la CNMC o el Banco de España creadas para cumplir unos objetivos muy diferentes, lo que podría causar un daño reputacional significativo a organismos de gran importancia para el buen funcionamiento de la economía española. ¿No hay nadie en el Gobierno que entienda un poco de estos temas y les diga a sus compañeros que todo esto es un disparate?