La anormalidad de la política en España
Los aliados de Sánchez ya le dejaron solo el martes al tumbar la ley contra el proxenetismo
bó en segunda vuelta el pasado 26 de marzo después de que su primera aprobación, en diciembre de 2022, decayera con las elecciones del 23-J, busca evitar que se anule un plan urbanístico al completo por un mero defecto formal o de procedimiento. Para impedirlo, el texto retirado ayer y que el Gobierno tendrá que renegociar, prevé establecer un plazo de un año para subsanar dicho defecto, aunque ampliable en seis meses si se acredita que no se puede hacer en menos tiempo, pero no afectaría al plan en su conjunto, que seguiría vigente.
Acción pública
El texto también introduce cambios en la regulación de la acción pública para impedir que las impugnaciones de planes urbanísticos sean fruto de denuncias interesadas que, aprovechándose de defectos de forma, deriven en negociaciones económicas. Hay firmas especializadas “en paralizar planes generales de ordenación urbana”, denunciaron recientemente fuentes de Vivienda, que añadieron que con esta ley se busca evitar esos “casos espurios”. Sobre el derecho de reversión, la ley permitirá cancelar la constancia registral de dicho derecho en algunos supuestos de expropiaciones, lo que permitirá que terrenos expropiados puedan volver a manos privadas al cambiarse la propiedad si estos no se han incorporado al ámbito público por falta de ejecución. El texto señala que “se producirá la caducidad de la constancia registral del derecho preferente de reversión cuando transcurran 30 años a contar desde la ocupación material del bien”. Algunos socios del Gobierno, como Podemos, han visto en estos cambios una medida a la carta para impulsar definitivamente la antigua Operación Chamartín (hoy Madrid Nuevo Norte), aunque lo cierto es que el plan general de Madrid hace tiempo que se aprobó.
Y una última derivada. La retirada de la Ley del Suelo deja en el aire la supresión de las llamadas golden visa por la compra de inmuebles a partir de 500.000 euros, que el Gobierno pretendía introducir en esta norma a través de una enmienda parcial. El Ejecutivo ha trasladado que buscará otras fórmulas para hacerlo.
La situación en España “no es normal”, comenzó diciendo Alberto Núñez Feijóo cuando el miércoles subió a la tribuna de los oradores en la sesión parlamentaria que marcaba la vuelta del presidente del Gobierno al Congreso de los Diputados después de sus tan llevados y traídos “ejercicios espirituales”. Se dirá que el veterano político gallego se quedó corto.
El dirigente del primer grupo en el hemiciclo, el líder del partido que gobierna en trece de las diecisiete autonomías, le relató al presidente del Gobierno una retahíla de “anormalidades” que son de todos conocidas. Son las que marcan la agenda gubernamental, léase el “muro” que Moncloa ha levantado para mantener en el poder a Pedro Sánchez, y son las que aniquilan cualquier atisbo de consenso, crispan el ecosistema cívico y ofenden la conciencia liberal. Pero es posible que Feijóo no resaltara suficientemente la mayor de las irregularidades.
Lo atroz de la situación actual es la creciente debilidad de un partido, el Sanchista, que sobrevive al frente del Gobierno gracias al apoyo de quienes presumen tener un “mandato popular” para socavar la democracia liberal y la unidad de España. Mienten o se autoengañan los portavoces gubernamentales, oficiales y oficiosos, que dicen que se agotará la legislatura y que hay Sanchismo para rato. La “mayoría parlamentaria” del Gobierno progresista tiene toda la apariencia de estar haciendo aguas.
La debilidad se ha visto hirientemente retratada al ser forzado el Ministerio de Vivienda a retirar en el último momento la reforma de la Ley del Suelo que figuraba en el orden del día del pleno del Congreso ayer. La retirada se debió a que Sumar, el socio de Sánchez que había aprobado el texto en el Consejo de Ministros, se negó a apoyar la tramitación parlamentaria de la ley. No cabe mayor ejemplo de enfermizo infantilismo y de manifiesta incoherencia que la mostrada por el ala woke del progresista Gobierno de coalición.
La labor de todo gobierno en todo país es la de solucionar los problemas que incomodan a su ciudadanía. Y el de Sánchez se ha visto incapaz de empezar a resolver el del acceso a la vivienda, que es uno de esos grandes apuros, acaso el mayor, de cuantos desazonan al electorado.
Al votante medio le podrá importar más o menos que el Gobierno Sanchista de coalición no pueda aprobar unos Presupuestos debido a su falta de apoyos en el Congreso. Le incumbe mucho, por el contrario, que sus hijos no puedan independizarse porque les está vetado el alquiler, y mucho más la compra, de un piso. Le solivianta el panorama de tenerles eternamente en su casa.
Salvo para protagonizar discutibles gestos a la galería como son el reconocimiento de Palestina y la supresión del puesto de embajador en un país hermano, la acción del Gobierno Sanchista está en punto muerto en un tiempo que es hostil se mire por dónde se mire y cuando el liderazgo creíble y empático, convincente y envolvente es más necesario que nunca.
Al entender de un mayoritario sector del censo, según apuntan las encuestas sobre la intención de voto en las elecciones europeas, el Gobierno está paralizado porque es el rehén de quienes detestan la democracia liberal, entiéndase “el régimen del setenta y ocho”, cuya forma política en el Estado español es la Monarquía parlamentaria, y de quienes impugnan una Constitución que se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.
Por definición, un Gobierno que es percibido como débil no es, ni puede ser, un Gobierno creíble y Sánchez ya dio a conocer su fragilidad personal de manera fehaciente a finales del pasado mes de abril. Mostró su mandíbula de cristal con ese extravagante recurso al victimismo que fueron sus ejercicios espirituales, sus cinco días de reclusión y meditación en silencio. Se trataba de un procedimiento inédito en los anales del parlamentarismo, el de aquí y el de fuera. Fue un “drama de adolescente”, según Feijóo.
El “punto y aparte” de Sánchez
La cuestión es que, al concluir su teatral retiro, Sánchez se comprometió a un “punto y aparte”. Esta promesa puede decir mucho o puede ser una floritura retórica para salir del paso sin decir absolutamente nada. Si el receptor del mensaje interpreta que es lo primero, la invitación puede resultar temeraria y rebotar en Sánchez con consecuencias que él no desea. La iniciativa gubernamental puede pasar de sus manos a las de sus socios y aliados.
A la luz de lo que se dijo en el pleno del Congreso el miércoles y de la forzada retirada de la Ley del Suelo en el orden del día del pleno de ayer, todo indica que quienes le invistieron a Sánchez de nuevo presidente del Gobierno hace ahora seis meses le pueden muy bien tomar la palabra. Se encargarán de que a partir de ahora habrá un “punto y aparte” real. El problema, por consiguiente, de Sánchez es que tendrá que rendir cuentas ante ellos. Serán ellos, y no él, quienes decidan lo que es “progresista” y lo que no lo es.
El quid de la cuestión y la “anormalidad” que Feijóo no resaltó suficientemente es que la principal lectura de la comparecencia de Sánchez en su retorno al Congreso es que a partir de ahora sus socios y sus aliados reclamarán de manera creciente lo que ellos consideran deberá ser el cumplimiento de lo prometido tras aquel sorprendente intervalo de cinco días. “Ellos”, como rupturistas conspiratorios que son, olfatean mucho mejor que la oposición del centroderecha y de la derecha conservadora la fragilidad de Sánchez.
El acatamiento a Sánchez de la izquierda de la izquierda, si se sigue el discurso durante la sesión del miércoles del portavoz de Sumar, consiste en la disposición que tenga Sánchez de “pasar a la ofensiva”: el Gobierno progresista ha de dotarse de las “herramientas” que se requieren para “transformar la sociedad”. La extrema izquierda propone la intromisión en la judicatura y en los medios de acuerdo con la hoja de ruta del Chavismo. Si Sánchez no se pone con ahínco a transformar la sociedad de acuerdo con este canon, que se atenga a las consabidas consecuencias. La humillación sufrida ayer por la ministra de la Vivienda es un aviso al frágil navegante de la Moncloa.
Se sabe muy bien lo que es y lo que quiere para España la sectaria plataforma que es Sumar. Es el socio minoritario del Gobierno progresista y es la sustitución de Podemos como muleta del Sanchismo. En cada elección que se celebra no consigue reunir muchos votos, lo cual no es óbice para que influya en el rumbo del Gobierno. Para ello, cuenta con los más sectarios teóricos del neomarxismoleninismo, del socialismo siglo XXI, del populismo antisistema y ecológico, del indigenismo, del animalismo, del feminismo exacerbado, del LGTBIQ+ismo y, en definitiva, del wokismo.
A la hora de invocar la “alerta antifascista” y de acudir a las barricadas, a Sumar no le gana ningún partido o coalición, salvo, quizás, Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu y el de sus camaradas separados que siguen fieles a las siglas de Podemos. La misión de Sumar en estos días de ira y de una ensanchada brecha social es poner pie en pared a lo que llama la “internacional de la ultraderecha”. Toda movilización requiere un enemigo claramente identificable que habita en el lado equivocado de la historia y al cual se puede atribuir todo tipo de vicios y de incorrecciones. Sumar no ha tenido que mirar muy lejos. La bestia parda es el Ibex-35 y el bicho es todavía más fiero desde que sus representantes se reunieron el pasado fin de semana con Javier Milei. Sánchez se la tiene jurada a Milei porque, como ya saben los lectores de los medios más importantes del extranjero, el iconoclasta y libertario presidente de Argentina ha acusado a su mujer de corrupta. Sumar y el resto de la izquierda de la izquierda quieren vengarse de Milei porque el muy osado del “carajo” reivindica la libertad individual y propone reducir drásticamente el poder y el peso del Estado y de lo público en la sociedad civil.
Milei se atreve a condenar al socialismo porque empobrece y decirlo en la socialista España, antes católica, tiene un impacto equiparable a lo que provocó Lutero cuanto en 1517 clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittemberg las revolucionarias 95 tesis que venían a decir que el Vaticano condenaba a los fieles al infierno. La motosierra de Milei representa un crimen de lesa humanidad para quienes han vivido bajo el manto protector del Estado de Bienestar y el de la Beneficencia.
Cuando lo que prevalece es lo que “no es normal”, cuando un Gobierno es frágil y carece de credibilidad, hace aguas, está en punto muerto y es rehén de los independentistas y los antisistema, cualquier cosa es posible. La “anormalidad” marcará la pauta de la campaña para las elecciones europeas que comienza.
Un Gobierno que es percibido como débil no es, ni puede ser, un Gobierno creíble