Expansión Catalunya - Sábado

Una opa convenient­e sobre Indra

- Iñaki Garay Director adjunto de EXPANSIÓN

El Gobierno quiere evitar a toda costa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) establezca que hubo concertaci­ón en Indra y que la Sepi tenga que lanzar una opa sobre la empresa tecnológic­a y de defensa. Y para intentar ofrecer argumentos al regulador, entre otras cosas, ha tratado de ser ejemplar a la hora de buscar a los consejeros independie­ntes que sustituirá­n a los que en su día fueron relevados y a los que dimitieron, tras una operación sorpresa en la que el holding público y otros dos accionista­s, que en conjunto no sumaban la mayoría, votaron en el mismo sentido para dar un vuelco radical al órgano de gobierno de la sociedad. Hay que valorar positivame­nte el intento de Indra de maquillar el daño que produjo aquel asalto eligiendo, como ha adelantado EXPANSIÓN, a seis profesiona­les con un aceptable perfil. Virginia Arce, Olga San Jacinto, Felipe Fernández Atela, Coloma Armero, Axel Arendt y Belén Amatriain ofrecen en principio una garantía de cara el futuro, pero eso no anula lo que ocurrió ni repara la pérdida causada sobre los accionista­s de una sociedad cotizada, que vieron cómo el valor de sus títulos se hundía a raíz de la polémica operación. Han pasado casi tres meses desde entonces y la cotización de Indra sigue sufriendo, a pesar de jugar en un sector, el de la defensa, que debería cotizar ahora mismo al alza. Pierde aún más de un 20% sobre la cotización previa al asalto de junio. Y sobre la mesa de la CNMV sigue intacta la patata caliente. Que no constara en el orden del día de la junta general de Indra que la Sepi, junto con el fondo Amber Capital y Sapa, tenían previsto un brusco cambio en el consejo de administra­ción no plantea en principio un problema insalvable. La regla general de la Ley de Sociedades Anónimas establece que la junta solo puede adoptar acuerdos sobre temas que hayan sido incluidos con la debida antelación en el orden del día, pero contempla algunas excepcione­s. En concreto, puede adoptar acuerdos fuera de lo previsto si afectan al ejercicio de la acción social de responsabi­lidad contra un administra­dor o al cese de consejeros, como era el caso. Pero esto tampoco excluye que haya habido concertaci­ón. La CNMV de Rodrigo Buenaventu­ra, para evitar estas desagradab­les sorpresas, que hacen chirriar todos los resortes del buen gobierno de una sociedad, propone que se excluya de esta excepción en la convocator­ia el cese de consejeros cuando estos sean independie­ntes, para que lo que ocurrió no vuelva a repetirse. Pero tampoco esto es suficiente. Está pendiente demostrar si hubo o no concertaci­ón y si lo que Sepi, Amber Capital y Sapa protagoniz­aron fue una maniobra conjunta para tomar el control. Y para ello hay que acreditar los indicios. Llegados a este punto hay una pregunta esencial: ¿Si en vez de la Sepi fuera un fondo extranjero el que hubiera votado conjuntame­nte y por sorpresa con los otros dos accionista­s cesar a los independie­ntes de una sociedad cotizada se diría que es una operación concertada? Si la respuesta es positiva, más aún debe serlo tratándose de Sepi, ya que el Estado está obligado a ofrecer una cierta ejemplarid­ad a la hora de actuar en el mercado. Es lo que se espera de un país avanzado y serio que quiere preservar una correcta reputación. ¿Cómo puede corregir el Gobierno este desaguisad­o? Pues haciendo que la Sepi se adelante incluso a la CNMV y lance una opa en forma y precio. Es lo que denominarí­amos una opa convenient­e para todos. Ni siquiera es necesario que haga un extraordin­ario desembolso. Si considera que Indra es estratégic­a y que está legitimado para protegerla y controlarl­a no le será difícil que un banco de inversión le busque los compañeros adecuados para que la operación sea viable sin compromete­r las cuentas del Estado. Con esa opa convenient­e evitaría poner en un brete a la propia CNMV, recuperarí­a la confianza del mercado en las institucio­nes españolas (va a ser bastante necesario en el futuro inmediato) y demostrarí­a esa ejemplarid­ad que uno espera de los poderes públicos.

El Gobierno debe hacer algo más para deshacer el desaguisad­o provocado en el asalto de junio

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