Londres se desmarca del alza fiscal europea

La política fiscal se ha convertido en un instrumento clave frente a la crisis inflacionaria, pero no todos los países caminan en el mismo sentido. Al tiempo que la Unión Europea ultima impuestos extraordinarios a los beneficios de la banca y las energéticas, con España como promotora de los mismos, para financiar las medidas sociales destinadas a aliviar la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, el nuevo Gobierno de Reino Unido ha optado por la senda contraria. La primera ministra, Liz Truss, no sólo ha derogado la subida del Impuesto de Sociedades y la limitación de los bonus de los banqueros aprobados para 2023 por su antecesor, Boris Johnson, sino que rebajará el Impuesto de la Renta desde abril, en el que suprimirá la tasa más elevada del 45%, y recortará además el gravamen a la compra de viviendas en Inglaterra e Irlanda del Norte. El ambicioso plan fiscal británico pretende impulsar el crecimiento de su economía frente a la preferencia de la mayoría de los gobiernos europeos por aprobar medidas paliativas, como subsidios y subvenciones. Sin embargo, a nivel interno, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha topado con la apuesta de los gobiernos autonómicos del PP por aminorar la carga fiscal de sus contribuyentes deflactando las tarifas del IRPF y elevando las bonificaciones en el Impuesto de Patrimonio. La Xunta de Galicia ha sido la última en sumarse, subiendo del 25% al 50% la deducción vigente en este tributo, al tiempo que Hacienda ultima el diseño de una tasa extraordinaria para gravar más a las grandes fortunas. Dos modelos enfrentados cuya efectividad pondrá a prueba la crisis.