Acuerdo para construir 1.500 pisos públicos en la región metropolitana de Barcelona
El Gobierno central, la Generaliat y varios municipios de la segunda corona metropolitana alcanzaron ayer un acuerdo para financiar la construcción de 1.500 viviendas de protección oficial (VPO). Se ubicarán en Terrassa, Sabadell y Rubí (Vallès Occidental); Granollers y Mollet (Vallès Oriental), Vilanova i la Geltrú (Garraf), Martorell (Baix Llobregat), Vilafranca (Alt Penedès) y Mataró (Maresme).
Todo estos municipios, que suman una población de casi un millón de habitantes, forman parte de la asociación Arc Metropolità, cuya presidencia ostenta la alcaldesa de Sabadell, la socialista Marta Farrés. El objetivo de las administraciones es que las promociones se ubiquen “prioritariamente” en terrenos de propiedad pública. Los pisos serán en régimen de alquiler asequible o social y se destinarán a hogares con ingresos limitados.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez (PSC), se desplazó ayer a Rubí para firmar el acuerdo y participó posteriormente en un encuentro organizado por Barcelona Global, asociación empresarial centrada en la promoción de la capital catalana que desde el pasado julio preside Maite Barrera, fundadora de la consultora Bluecap.
La entidad hizo público un informe sobre movilidad donde lamenta la falta de consenso entre el Ayuntamiento de Barcelona, el resto de entes locales de la primera corona metropolitana, la Generalitat y la Administración General del Estado en esta materia. “Hace falta diálogo”, concluye el documento en referencia a los choques que han protagonizado los poderes públicos en cuestiones como la ampliación del Aeropuerto del Prat o la planificación y gestión de la red ferroviaria de ancho ibérico.
Ante todos estos desencuentros, Barcelona Global exigió ayer la puesta en marcha de una Agencia para la Movilidad Metropolitana. Sin embargo, Raquel Sánchez expresó sus dudas sobre esta propuesta. “Quizá crear un organismo más es añadir dificultades”, señaló la ministra, quien recordó que el Gobierno es muy consciente de la necesidad de coordinar mejor la actuación de las administraciones públicas, por lo que se comprometió a crear un Sistema Nacional de Movilidad.
Barcelona Global también reclamó más aparcamientos disuasorios, descarbonizar las flotas de taxis y de transporte público, impulsar el coche eléctrico y regular los patinetes eléctricos.
Barcelona Global exige a las administraciones que coordinen su política de movilidad