Expansión Catalunya - Sábado

Presupuest­o récord de 3.600 millones en Barcelona para 2023

- David Casals.

Comunes y socialista­s diseñan unas cuentas sin déficit y un 5,6% más elevadas que las de este año. La inversión alcanzará los 831 millones de euros.

El equipo de gobierno del Ayuntamien­to de Barcelona mantiene su apuesta por las políticas expansivas en 2023. Si este año está gestionand­o el presupuest­o más alto de su historia, con 3.406 millones de euros, el año que viene la cuantía sube un 5,6%, hasta los 3.596 millones de euros.

El proyecto presupuest­ario también aboga por la continuida­d en las medidas fiscales: las tasas seguirán congeladas, y se mantendrá la bonificaci­ón del 75% que paga la restauraci­ón por las terrazas en la vía pública. Esta decisión fue una de las principale­s discrepanc­ias entre los dos socios del bipartito municipal, los comunes y los socialista­s, con un acuerdo que ha llegado prácticame­nte en tiempo de descuento.

En lo que sí hay cambios es en el déficit y en la deuda. En el nuevo año, el consistori­o gastará exactament­e lo mismo de lo que ingresará, a diferencia de los últimos ejercicios. El gobierno municipal liderado por la alcaldesa, Ada Colau, y el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, optó por endeudarse más para reactivar la economía tras la pandemia. De ahí, inversione­s que han arrancado este año y que continuará­n ejecutándo­se en los siguientes, como las peatonaliz­aciones en el Eixample, la reforma de la Via Laietana y la Rambla y la conexión de las dos redes de tranvía por la Diagonal.

A raíz de esta política expansiva, en 2023 la proporción entre la deuda pública y los ingresos corrientes subirá 1,3 puntos, hasta alcanzar el 30%, que es el máximo que recomienda­n los expertos. En cualquier caso, tanto Collboni como el teniente de alcalde Jordi Martí (cultura, presidenci­a y presupuest­os) y la concejal Montserrat Ballarín (hacienda) dejaron claro ayer que el Ayuntamien­to sigue siendo “solvente”. Prueba de ello es que paga a sus proveedore­s a 19 días: nunca antes este plazo había sido tan corto. La ley estatal establece un período máximo de 30 días.

La inversión y el gasto en personal alcanzan cifras récord. En el primer caso, asciende a los 830,3 millones de euros, de los que la mitad serán para urbanismo y vivienda. En recursos humanos, el consistori­o gastará un 5,2% más, hasta los 495 millones, para subir nóminas y dar cumplimien­to a uno de los objetivos de este

Las tasas se congelan y se mantiene la bonificaci­ón para las terrazas

La mitad de las inversione­s se destinarán a urbanismo y a vivienda

mandato: contratar un millar de agentes más para la Guardia Urbana.

El equipo de gobierno está en minoría, por lo que, de nuevo, la oposición tendrá la última palabra.

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