Reforma del CGPJ: un fracaso anunciado
El supuesto intento de Feijóo y Sánchez de arreglar la Justicia dotándola de mayor independencia como pide Bruselas era la crónica de una muerte anunciada. Tan solo unos días después de que dieran comienzo las negociaciones, la ministra de Justicia, Pilar Llop, dejó claro que no había ninguna intención de cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial porque consideraba que era “el más independiente de Europa”. Sin anestesia ni nada. Ese día quedó claro que la única intención de Sánchez era acelerar el control de los jueces, forzando un acuerdo en el CGPJ que le abriera la puerta para controlar el Tribunal Constitucional. Una forma sibilina de desarmar la Carta Magna sin necesidad de pactar con nadie su renovación. Con Cándido Conde Pumpido al frente y con vocales de la “calidad” de Javier Pérez Royo en su seno, pronto el Tribunal Constitucional hubiera aceptado pulpo como animal de compañía. Pérez Royo ha defendido teorías tan pintorescas como que fue el PP, a través del Constitucional, el que dio un golpe de Estado en Cataluña. Cuando hace unos días saltó la noticia de que Sánchez negociaba con ERC la reforma del delito de sedición se dispararon todas las alarmas. Cuando el PP preguntó en la mesa de negociación a Félix Bolaños por el alcance de esta noticia, éste lo negó todo. Cuando Sánchez lo confirmó anteayer, Feijóo se convenció de que no había nada que negociar.
Hay quien discute que el PP tenga vocación de despolitizar la Justicia, pero quien ha quedado claro que no tienen intención de hacerlo es PSOE y Podemos, que están convencidos de que están ante una oportunidad histórica. Cuando se redactó, la Constitución Española no decía nada sobre la designación de los 12 miembros, sobre 20, del Consejo General del Poder Judicial que debían ser elegidos entre jueces y magistrados, pero nadie discutía que esa elección debía ser ajena al poder político. En ese aspecto, la Carta Magna era una copia, tanto en el texto como en el espíritu, de la Constitución italiana de 1948, que era un magnífico ejemplo y un homenaje en toda regla a Montesquieu y su separación de poderes, que es la base de todas las democracias occidentales. Una vez más los padres de la Constitución española fueron exquisitos también a la hora de consolidar este pilar de la democracia. Es cierto que en aquel momento todavía estaba demasiado reciente la disolución de las Cortes franquistas y que aún el perfil del poder judicial estaba muy próximo a la dictadura. Posiblemente esto es lo que impulsó al
PSOE, a introducir alguna “interpretación”, que no era otra cosa que meter mano en la designación de los jueces para ir separando el grano de la paja. De ahí nace la reforma de la Ley Orgánica de 1985 que introducía la que se conoció como enmienda Bandrés, para que fueran los políticos mediante el consenso de tres quintos de la cámara los que eligieran también a esos 12 miembros del CGPJ, un órgano que luego se encarga de ir renovando los diferentes tribunales. Aquel cambio llegó al Tribunal Constitucional, que dictaminó en 1986, con la nariz tapada, que la reforma constituía un peligro porque suponía una injerencia del legislativo en el judicial. Lo lógico hubiera sido rechazarla, pero, dado que la Carta Magna no lo prohibía expresamente, el Tribunal Constitucional acabó dando vía libre al despropósito, quizás confiando en que el futuro de nuestra joven democracia daría lugar a unos políticos cada vez más preparados y responsables, capaces de bregar por el interés general, generar consensos y reforzar la solvencia de nuestras instituciones. Desgraciadamente la esperanza de los miembros de aquel Constitucional acabó convirtiéndose en un sonoro gatillazo. A la vista de los acontecimientos es evidente que la clase política en España no solo no ha envejecido bien sino que se ha radicalizado hasta el extremo de poner en peligro la independencia del Poder Judicial, debido fundamentalmente a su intento descarado por poner a los jueces a su servicio. Esto ha sido lo que ha frustrado toda posibilidad de encuentro entre Feijóo y Sánchez, entre el PP y el PSOE, para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El acuerdo nunca ha estado en la agenda porque Sánchez considera que haber ganado las elecciones le otorga un derecho de pernada en este asunto, ante el que la oposición se tiene que postrar, diga lo que diga la Constitución.
Las constantes amonestaciones desde Bruselas hacían pensar que tanto PP como PSOE iban a dar un paso atrás. Sin embargo, todo ha resultado ser un espejismo. Feijóo, para armarse de razón y obligar a Sánchez a moverse, puso como línea roja que los perfiles de los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial estuvieran despolitizados. Cabía la posibilidad de que entre los miles de jueces que hay en España los dos principales partidos pudieran coincidir en al menos doce nombres no contaminados, que agradaran a ambas partes. No ha sido posible, entre otras cosas por el interés de Podemos de colocar a sus peones en la negociación. Algunos de los nombres que el PSOE ha puesto encima de la mesa a propuesta de la formación morada eran claros activistas militantes de Podemos como Victoria Rosell o Joaquín Urías. Propuestas que parecían más diseñadas para provocar que para acordar.