El PSC reniega del constitucionalismo
El fiasco de la denominada ley del sí es sí ha acaparado en los últimos días toda la atención, aminorando con su ruido uno de los mayores escándalos acaecidos desde que este país recuperó la democracia. Un chantaje al que se ha plegado este Gobierno, que demuestra que la falsa tranquilidad que ahora respira Cataluña es cualquier cosa menos convivencia. Parafraseando a Locke se podría advertir que allí donde los delincuentes dictan la ley empieza la tiranía. Sánchez está intentando convencernos de que su paso por el poder divide y debilita al independentismo en Cataluña. Permítanme que lo ponga en duda. Donde él ahora ve paz y entendimiento muchos perciben un proceso inagotable de rendición. El separatismo, que salió tocado del juicio del procés, tiene ahora más fuerza que nunca. Solo hay que ver lo difícil que resulta aplicar la sentencia del 25% de castellano en la enseñanza en aquella tierra, e incluso ahora en Baleares, o el descaro con el que exige al Gobierno que reforme a su medida el delito de malversación, para comprobar que va a ser difícil meter la pasta de dientes dentro del tubo. La lucha por la hegemonía del separatismo que ahora mismo libran ERC y Junts mantiene a todo el mundo entretenido, sin reparar en lo realmente grave, que no es otra cosa que la paulatina desaparición del constitucionalismo en aquel territorio.
¿Por qué ocurre esto? Ocurre por la simple razón de que quien más tiene el deber de defender la Constitución en Cataluña la está traicionando. Hasta hace no muchos años, casi invariablemente, las fuerzas independentistas y constitucionalistas mantenían un cierto equilibrio en aquel territorio. Frente a ERC y CiU aparecían el PSC y el PP, pero incluso entre los nacionalistas había representantes que, sin renunciar al catalanismo, presentaban un perfil constitucionalista o al menos ambiguo. A medida que los gobiernos nacionalistas iban aplicando su sesgo y el rodillo en las políticas educativas y regando el campo mediático de Cataluña, con la aquiescencia de todos los Gobiernos de España, las caretas se han desprendido y el constitucionalismo ha ido perdiendo peso entre una población a la que, cada vez más, la Carta Magna le sonaba como algo ajeno. El adoctrinamiento permite que lo que es una garantía de libertad, solidaridad e igualdad de oportunidades para todos los españoles acabe percibiéndose por algunos como un elemento de represión. Con esta perversa tendencia era previsible que en algún momento los nacionalistas se convertirían en separatistas y que incluso se atrevieran a desafiar al Estado, que es lo que pasó.
Lo que no esperaba nadie es que el Partido Socialista cruzaría el Rubicón y acabaría abandonando el lado constitucionalista. Muchos socialistas se resisten a creerlo y están atrapados en un permanente circunloquio para no admitir esa metamorfosis. Alejandro Fernández, el presidente del PP en Calaluña, detalla cómo el proceso separatista se ha trasladado de Cataluña al Congreso de los Diputados y cómo, lejos de replegarse, ha empezado a erosionar las instituciones que frenaron el golpe de Estado con un único objetivo: que cuando vuelva a intentarlo no haya nadie enfrente.
No es algo improvisado. Ya en su día Oriol Junqueras reconoció que su intentona golpista había fracasado porque habían desatendido muchas cosas. Se dio cuenta de que no tenían por ejemplo un control sobre la Hacienda y otros instrumentos para desengancharse. Pero sobre todo notó en sus carnes la capacidad de respuesta que tiene un Estado moderno y articulado, con una buena armazón legislativa. Necesitaba aliados y lo explicitó claramente. “Hay que tejer complicidades con aquellos que, desgraciadamente, equipararon la proclamación de la república catalana con la aplicación del 155”, dijo un Junqueras, que ya entonces había puesto sus ojos en Sánchez y en su ambición desmedida. Y resulta que el cómplice está respondiendo a sus expectativas. Primero, impidiendo que el CNI vigile al nacionalismo. Segundo, indultando a los golpistas condenados. Y tercero, suprimiendo el delito de sedición, sin dejar en su lugar otro instrumento eficaz para desarmar a quienes quieren desguazar el Estado. Y el delito de rebelión no puede impedirlo porque, tal y como está hoy redactado, está pensado solo para frenar a los Tejeros de turno, pero nunca a los golpistas de guante blanco, que son los que ahora pueblan la llanura. Fernández señala que el proceso avanza con una hoja de ruta prevista. Llegará el momento en el que se expulsara a la Policía y la Guardia Civil de Cataluña y se sustituirán a los jueces por monaguillos del separatismo. Y por el camino, la modificación del delito de malversación. Esto puede ser la gota que colme el vaso. La última burda excusa del PSOE para intentar justificar la modificación de este delito a gusto de los separatistas ha sido que no es lo mismo que el dinero público acabe en el bolsillo del corrupto que se dedique a otros fines. No se me ocurre un fin más mezquino y condenable, incluso peor que llevárselo a su casa, que utilizar el dinero público para revertir el orden constitucional. ¿Cómo evitarán que otros muchos corruptos puedan beneficiarse? Esta chapuza promete ser bastante más sonada que la de la ley del sí es sí .