El impuesto a grandes fortunas, en el aire

El plan del Gobierno de armonizar al alza la tributación por el Impuesto de Patrimonio en todas las comunidades autónomas para deshacer las bonificaciones aprobadas por Madrid, Andalucía, Galicia o Murcia quedará en el aire si el Tribunal Constitucional atiende el requerimiento de la Junta de Andalucía de suspender temporalmente la entrada en vigor del nuevo gravamen a las grandes fortunas. Las regiones afectadas por el tributo creado ad hoc por PSOE y Podemos para obligarles a revertir sus rebajas fiscales ya habían anunciado que lo recurrirían ante los tribunales, pero la solicitud de medidas cautelares del ejecutivo de Juanma Moreno complica el despliegue del gravamen recién aprobado en el Senado, previsto para el próximo 1 de enero sobre el patrimonio registrado por los contribuyentes hasta el 31 de diciembre de este año. Una litigiosidad que podría haberse evitado si el Gobierno de Pedro Sánchez hubiera buscado previamente el consenso con las comunidades autónomas en lugar de imponerles su política tributaria y atacar su autonomía fiscal. Sobre todo porque la histórica mejora de los ingresos del Estado derivada de la escalada inflacionista –que ha situado la recaudación hasta el mes de octubre por encima de los niveles logrados en todo 2021– hacía innecesario recurrir a esta clase de artimañas legislativas, que únicamente se explican por el descarado intento de Pedro Sánchez de torpedear la exitosa apuesta por los bajos impuestos desplegada por los gobiernos autonómicos del PP en las últimas décadas, con la Comunidad de Madrid como punta de lanza.