El juez de Celsa da luz verde a los fondos para acceder a las cuentas
El juez recuerda el deber de la compañía de colaborar y no obstaculizar la puesta en marcha del plan.
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona ha estimado el recurso de reposición presentado por los fondos acreedores de Celsa y ha dejado sin efecto las medidas de confidencialidad sobre las cuentas de la compañía acordadas a finales de noviembre, según consta en un auto fechado el 22 de diciembre al que ha tenido acceso EXPANSIÓN.
Lexaudit, el experto en reestructuraciones nombrado para el caso, solicitó a comienzos de noviembre que el juzgado acordase una serie de requerimientos de información no solo a Celsa y a sus administraciones, también a otros asesores vinculados como EY, Houlihan Lokey, PJT Partners, PwC, la Sepi y la Agencia Tributaria, entre otros.
El juzgado, a petición de Celsa, dictó a finales de noviembre una providencia que limitaba el acceso que los fondos podían tener de la información financiera. La compañía de los Rubiralta alegaba que era información sensible y secreta y que podía causarle daños si se difundía. Esta decisión fue recurrida por los fondos y el juez les acaba de dar la razón, por lo que ha acordado levantar esa limitación, permitiendo así a los fondos que soliciten la información que sea necesaria para elaborar el Plan de Reestructuración. Cabe señalar que estas medidas de confidencialidad han afectado solo a los fondos, no a Lexaudit.
“La información requerida al Grupo Celsa es en su inmensa mayoría de naturaleza contable y financiera (balances de sumas y saldos, relación de acreedores financieros, relación de garantías, mapa de deudas, certificados de obligaciones tributarias...). No se trata de información tecnológica, científica o industrial sino, en los términos de la Ley
El juzgado ya ha aprobado la configuración de clases de acreedores. Una vez se detalle el Plan de Reestructuración, los fondos podrán solicitar su homologación. La ley permite arrastrar a los acreedores afectados, incluidos los disidentes.
El rescate de 550 millones de la Sepi está supeditado a un acuerdo entre la empresa y los fondos
de Secretos Empresariales, de información organizativa o financiera”, señala el auto en cuestión.
El juez Álvaro Lobato también recuerda que, de acuerdo con la nueva Ley Concursal, los acreedores tienen derecho a acceder a la información necesaria para elaborar el Plan de Reestructuración e incide en que no se les debe percibir “como un actor beligerante”. Además, apunta que el deudor, en este caso de Celsa, tiene el deber “de colaborar y no obstaculizar el desarrollo de un proceso que ha de culminar en una mejora sustancial de la situación de insolvencia que padece”. Igualmente, recuerda que los acreedores tienen el deber de “utilizar con lealtad” la información obtenida, lo que en la práctica significa que no deben usarla para otra cosa que no sea elaborar el citado plan de reestructuración.
Los números de Celsa
Los acreedores de Celsa están divididos en tres grupos: los vinculados al contrato jumbo (de 1.000 millones y que a su vez se dividen en dos subgrupos), al instrumento convertible (1.080 millones) y al contrato marco (525 millones).
El convertible y el jumbo están, en su mayoría, en manos de Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP, Cross Ocean, Goldentree, Attestor y Anchorage, que tienen el 90% de estos instrumentos, y el 80% del contrato marco corresponde a Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell.
La compañía también ha solicitado un rescate de 550 millones a la Sepi, pero el hólding público ha supeditado el desembolso de los fondos a que la compañía llegue a un acuerdo con los fondos acreedores para rebajar la deuda en unos 1.200 millones.