La justicia acota la deducción de Sociedades por gastar en innovación
Las empresas ya no podrán reducir de su cuota el coste de los informes que acreditan que los programas informáticos que desarrollan tienen derecho a un trato fiscal diferente.
La Audiencia Nacional acaba de acotar las deducciones del impuesto de Sociedades que, hasta ahora, podían aplicar las empresas que invertían en desarrollar nuevo software. Así lo establece en cuatro sentencias, dos de las cuales ya han sido publicadas.
Los fallos judiciales llegan ante las discrepancias entre la Agencia Tributaria y las empresas solicitantes sobre cómo tenían que aplicarse los beneficios fiscales que otorga la ley a las empresas innovadoras.
Lo que dicen las sentencias, que aún pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo, es que ya no pueden deducirse el coste de los estudios que encargan a terceros, y que certifican que son proyectos de innovación tecnológica, por lo que tienen derecho a un trato fiscal diferente.
Este certificado es condición previa para la obtención del informe motivado, dictamen que emite el Ministerio de Ciencia e Innovación. La entidad de certificación se apoya en auditores, economistas y catedráticos universitarios, y todos ellos están acreditados por una autoridad designada por el Gobierno: la Entidad Nacional de Certificación (Enac).
El objetivo de los trabajos es calcular cuál va a ser el impacto económico real del proyecto, y también argumentar
Real decreto de 2003
La necesidad de contar con un informe motivado se estableció en un real decreto que entró en vigor en el año 2003, según expone una EXPANSIÓN el presidente de la Asociación de Consultoras Españolas Especializadas en la Financiación de la I+D+i (Afidi), Víctor Cruz.
En su opinión, Hacienda ha ido poniendo obstáculos en su aplicación. Para el experto, no tiene sentido que la Agencia Tributaria -que depende del ministerio de Hacienda, que ostenta María Jesús Monterodiscrepe de un trato fiscal preferente, que otorga otro ministerio, el de Ciencia e Innovación, que encabeza Diana Morant.
Los beneficios fiscales que contempla la normativa estatal permiten a las empresas deducir la cuota de Sociedades el 25% de los gastos –ampliable hasta el 42% en algunos supuestos muy concretos– y del 12% de los destinados a la innovación tecnológica, aunque existen ciertos límites máximos.
Lo que hace ahora la Audiencia Nacional con su batería de sentencias es limitar las deducciones en proyectos de software, pero no en otros ámbitos. De esta forma, el coste de los informes relativos a farmacología, química, tecnología de materiales, ingeniería mecánica, electrónica, aeronáutica, energía, telecomunicaciones, motor, construcción y tecnología de los alimentos sí que puede seguir bonificándose.
Cruz recuerda que dejar fuera a los programas y aplicativos informáticos es una mala noticia para el sector de la innovación, puesto que este tipo de proyectos representan el 35% de los informes motivados emitidos en 2019, el último año del que hay cifras oficiales disponibles. Estos proyectos supusieron a las empresas una inversión de 2.739,65 millones de euros, el 54% del gasto total en informes motivados. Ambas cifras dan cuenta por sí mismas de la importancia que tiene para las empresas esta especialidad.
Según las fuentes consultadas, este episodio es un “problema
jurídico” que podría solventarse con una revisión de la normativa. Es lo que hicieron las diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, que también tuvieron que lidiar con una situación similar. “Las tres optaron por actualizar la definición oficial de qué se entiende por innovación”, para dejar claro que desarrollar software también lo es. Así lo dicen “las definiciones de referencia internacional más recientes, derivadas del Manual de Oslo de 2018 y a la realidad tecnológica actual”, agrega Cruz.
La situación, además, contribuye a agudizar la “inseguridad jurídica” que sufren las empresas innovadoras, ante el alud de inspecciones fiscales por parte de la Agencia Tributaria tras aplicarse deducciones.
A las cuatro recientes sentencias de la Audiencia Nacional que limitan las bonificaciones, se suman otras cuatro anteriores que sí que las avalan. Este “cambio de criterio” llega “tras la nueva documentación que ha puesto sobre la mesa la abogacía del Estado”, favorable a la postura oficial de Hacienda de restringir este tipo de beneficios fiscales, expone Cruz.
Demanda profesional
Otra de las exigencias del sector es que se mantenga el carácter vinculante de los informes motivados y la certificación obtenida por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Sólo así se conseguirá ir corrigiendo de forma progresiva la “posición de desventaja” que sufre el sistema de ciencia, tecnología e innovación de España en relación a otros países de Europa.
Por ejemplo, en Francia, los incentivos a la innovación están mucho más extendidos. En total, se presupuestaron 6.000 millones de euros en bonificaciones, frente a los 662 millones que se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021. Finalmente, se acabó aplicando una cantidad ligeramente superior, de 680 millones.
El sector exige una reforma legislativa para dejar claro que la innovación incluye software