Andalucía pedirá la suspensión cautelar del impuesto a fortunas
Suspender de forma cautelar el nuevo impuesto a las grandes fortunas hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el mismo. Esta es la petición que la Junta de Andalucía realizará una vez que el nuevo impuesto, cuya tramitación parlamentaria finalizó con éxito el pasado jueves con su votación en el Senado, sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor el 1 de enero de 2023, pero afectando al patrimonio registrado por los contribuyentes a 31 de diciembre de este año que finaliza.
Tanto la Junta de Andalucía,
que preside Juan Manuel Moreno Bonilla, como la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, habían advertido ya en estos últimos meses que sus gobiernos recurrirán el nuevo impuesto al Constitucional ante lo que consideran un ataque por parte del Gobierno central a las competencias autonómicas en materia fiscal, ya que el nuevo gravamen viene a contrarrestar la bonificación total que estas dos comunidades aplican en el impuesto sobre Patrimonio, aplicando de facto con el nuevo tributo una armonización.
Según indicó la propia Junta
ayer en un comunicado, sus “servicios jurídicos ultiman el recurso de inconstitucionalidad” contra el nuevo impuesto, que prevén presentar “una vez que la nueva figura tributaria creada por el Gobierno central se publique en el BOE y entre en vigor, probablemente en los próximos días”. La intención de la Junta con la suspensión cautelar es “que los contribuyentes no se vean obligados a hacer frente al primer pago del impuesto mientras el Tribunal Constitucional decide sobre su aplicación”.
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos,
Carolina España, recalcó ayer que el impuesto “es un ataque directo a la comunidad andaluza y a su autonomía financiera”, y advirtió que el objetivo del Gobierno es “cortar las alas a una comunidad que empieza a despegar tras casi 40 años de lastre”. “Es un fraude de ley, además de una chapuza técnica y política”, añadió la consejera, que denunció que el Ejecutivo “se ha saltado todos los informes de garantía constitucional”.
La Junta argumenta que la modificación del régimen de cesión de tributos que supone el nuevo impuesto atenta contra la autonomía financiera de las comunidades que reconoce el artículo 156.1 de la Constitución, además de considerar que el impuesto debió tramitarse por ley orgánica o mediante reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y no a través de una enmienda a la proposición de ley de los impuestos temporales sobre entidades financieras y energéticas. Asimismo, la Junta indica que la “retroactividad injustificada” del tributo va contra la seguridad jurídica proclamada por la carta magna.