Sánchez perdió los bártulos
En estos últimos años en España han pasado cosas extraordinarias, pero no precisamente buenas. Y no se trata de la pandemia o de la guerra, sino de cuestiones que han ido definiendo la calidad moral y democrática de los inductores. Conductas que creíamos residuales o en vías de extinción han tomado de nuevo cuerpo, no en un arrabal dominado por vendedores de favores sino en el seno del Ejecutivo de la nación. Difícilmente se podía justificar que un miembro de un Gobierno que asegura que viene a regenerar la política nombre a su pareja en ese mismo Gobierno. Y no, como se ha demostrado después, porque acumulara méritos o experiencia o porque estuviera recién llegada de la cuna del conocimiento. Describir este triste movimiento sirve para que las hordas califiquen a quien ose hacerlo de machista, pero la realidad es que es complicado justificar a quien consiente y ampara ese ejercicio de nepotismo elevado a la máxima expresión. Ya se podía sospechar entonces que para lo que la gran mayoría de la gente podían ser líneas rojas para Pedro Sánchez eran simplemente metas. Algo más que un mal comienzo.
Nadie llegó a vaticinar que, en una democracia avanzada, un Gobierno impulsaría cambios legislativos para proteger a los delincuentes. Es lo que se ha materializado este pasado jueves, coincidiendo con el sorteo de la Lotería, mediante la supresión del delito de sedición y la rebaja del de malversación al dictado de quienes infringieron la ley. Es bastante lamentable la inconsistencia intelectual de quien definiéndose de izquierdas concede impunidad a quien pretende romper España, entendiendo este concepto como hay que entenderlo y como lo que es. No como un término de expresión reaccionario que identifica a nostálgicos del franquismo, como creen los frikis del pensamiento inmaduro, sino como uno de los más importantes proyectos de solidaridad territorial de nuestra historia. Los separatistas no quieren irse de España porque realmente se consideren tan diferentes (muchos de los que en virtud de la propaganda abrazan esta religión han nacido o son hijos de gente procedente de otros lugares de este país, léase Rufián). Quieren hacerlo porque creen que “España les roba”. O lo que es lo mismo, porque no quieren compartir su riqueza conjunta con otros más pobres. Armar al nacionalismo para consumar la ruptura del modelo de solidaridad es lo que está haciendo Sánchez en el nombre de la izquierda, con el único objetivo de perpetuarse en el poder. Y el abaratamiento del delito de malversación, también a la medida de los sediciosos que usaron el dinero público para intentar separar a Cataluña de España, es solo otro pago a la deuda que nuestro presidente ha contraído con los sediciosos.
Cuesta creer también que un Gobierno que se comercializa como progresista y democrático haya hecho de la opacidad su manual de supervivencia en una suerte de absolutismo democrático, legislando a oscuras en ese Parlamento que tanto dice respetar. Que algunos de sus miembros repitan como loros que han sido elegidos por los ciudadanos, para entrar sin pagar, lo único que demuestra es el vago concepto que tienen de la propia democracia. La Constitución que han jurado dice que “ninguna autoridad puede invocar su origen democrático para infringir la ley”. Ahí está precisamente el principio del Estado de Derecho. Quien pone en peligro la democracia en España es quien más interés tiene en someter a los jueces y ese no es otro que Pedro Sánchez. Por nada del mundo está dispuesto a que los jueces elijan a los jueces o a elegir magistrados que tengan criterios jurídicos propios. La imparcialidad no le sirve para culminar sus planes. Ese es el problema.
Esta misma semana un buen amigo lamentaba la permanente división que se produce en el Tribunal Constitucional y que en este país haya cada vez menos juristas de vocación en primera línea capaces de decir lo que les dicta la conciencia en presencia de un político. ¿Cree alguien que si el PP en el Gobierno hubiera colado dos enmiendas a dos leyes orgánicas en el maletero de una reforma del Código Penal, Cándido Conde Pumpido y el resto de supuestos miembros progresistas que componen el Constitucional no hubieran puesto el grito en el cielo? ¿Cree alguien que el propio Sánchez no hubiera recurrido al Constitucional, como ha hecho ahora el PP? Cuando en 1985, a través de la llamada enmienda Bandrés, los políticos introdujeron la reforma para que los políticos eligieran a la cúpula del Poder Judicial, con el consentimiento vergonzoso del Constitucional, metieron un virus en el sistema de la división de poderes, que ahora está a punto de destrozar todo el organismo democrático si Europa no pone freno Sánchez. Y no es propio de alguien que quiera una democracia limpia decir que ahora le toca a él.
Mi amigo echa de menos a gente para la cual el perfeccionamiento de la Ley no solo es la vía más sólida para mejorar una sociedad sino la garantía máxima que tienen los ciudadanos. Profesionales que no solo leen la Ley sino que contemplan su espíritu y el fin último que el legislador perseguía. A figuras como Luis Díez-Picazo o Francisco Tomás y Valiente, de los que recibió clases magistrales y de los cuales aprendió a valorar que solo un buen desempeño de la Justicia evita el caos y la tiranía. Mi amigo echa de menos a Eduardo García de Enterría, a Joaquín Garrigues o a Rodrigo Uría González.
Los alumnos de Bártolo de Sassoferrato, uno de los grandes juristas de la primera mitad del siglo XIV, acabaron llamando Bartolos a los valiosos textos que les proporcionaba el maestro, en los que ya por primera vez les invitaba a ir más allá de la letra para descubrir el espíritu de la Ley. De ahí la procedencia del término bártulo. Sánchez demuestra que ha perdido los bártulos cuando maniobra con vehemencia para controlar la Justicia, dispuesto incluso a saltarse la Constitución. Como si tuviera una deuda de juego que debe saldar.
Sánchez necesita controlar a los jueces para aplicar los planes con los que cree que se mantendrá en el poder